La noticia ha sido difundida por la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Juan Van Halen, ya exdirector general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, declarará en calidad de investigado el 23 de febrero.
Los principales directivos de Azora, Fernando Gumicio y María Concepción Osáca han sido citados como testigos.
Se interpuso una querella por "malversación de caudales públicos y prevaricación continuada" en la venta de 3.000 viviendas del IVIMA a la empresa Azora.
La directora del IVIMA firmó la resolución por la que se dispuso la publicación de la convocatoria 'Enajenación de 32 promociones del Instituto de la Vivienda'.
Las promociones de venta suman 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje y 1.865 trasteros, además de otras 235 plazas de garaje y 45 locales no vinculados.
Tania es inquilina de una de las 3.000 viviendas que el IVIMA vendió el pasado mes de agosto al fondo Goldman Sachs-Azora.
Por esa vivienda está pagando un alquiler social. "Se trata de una reducción de renta que hicimos dentro del Plan Joven", dice el IVIMA.
El plazo para la revisión del precio de estos alquileres es de dos años; a Tania le vence en junio de 2014.
Aunque Azora asegura que "cuando se cumplan los contratos revisarán cada caso particular", a Tania no le garantizan seguir en esa vivienda en caso de impago.
"¿Cómo voy a estar tranquila con cinco hijos, una niña discapacitada, sin poder trabajar y con la incertidumbre de quedarme en la calle?", denuncia.
Decenas de comunidades de vecinos con viviendas del Ivima denuncian el asalto de pisos vacíos y la "pasividad" del organismo público para desalojarlos.
El Ivima alega que intenta evitar las ocupaciones, pero reconoce que es "imposible vigilar todas las puertas" y que las "órdenes judiciales de desalojo tardan en llegar".
Las 'colonias ocupadas' se extienden por el PAU de Vallecas, Alto de San Isidro (Carabanchel), Orcasur (Usera), Fuencarral, Alcalá y Parla, entre otros.
Decenas de personas se han congregado frente a un piso de la calle Cuevas de Altamira, en Carabanchel, donde residen en un piso social una mujer y su hijo.
La familia atraviesa problemas económicos y se retrasó en el pago de las cuotas de 2010, pero ya ha saldado la deuda.
El IVIMA argumenta que, aunque ha pagado, lo ha hecho fuera de plazo.