Dentro de una pieza del caso Palma Arena en la que se investiga el patrocinio de 350.000 euros concedido por Ibatur a la empresa de publicidad Nimbus en 2007.
Han comenzado a exponerse los informes finales en el juicio de Nóos.
Horrach señala a Diego Torres e Iñaki Urdangarin como los responsables máximos de lo que ocurría en la red de empresas; excluye a la infanta y a Ana María Tejeiro.
Dice que la infanta ha sido expuesta a la "pena del telediario" y que la acusación sobre ella es "infundada" y "algunos medios" la han "desquiciado".
De Torres menciona su "verbo fácil" y sus maniobras durante el juicio; de Urdangarin, que ha cambiado su versión y que actuó en connivencia con Torres.
El magistrado, encargado del 'caso Son Espases', quiere comprobar si la agenda contiene datos sobre el presunto fraude en la adjudicación del hospital balear.
El documento fue intervenido durante un registro en el domicilio del exconsejero de la Comunidad de Madrid.
Castro ofrece la apertura de una pieza separada secreta en caso de que la información que pide esté sometida a secreto en la instrucción de la trama Púnica.
"Que te lo digan a la cara me parece una falta de respeto hacia a quienes hemos pagado nuestros impuestos creyendo en ese principio", ha dicho.
El juez instructor del 'caso Nóos' se ha referido así a las palabras de la abogada del Estado, Dolores Ripoll, durante la primera sesión del juicio por este caso.
La formación morada ha presentado este miércoles a los miembros de su candidatura para las elecciones del 20 de diciembre.
Según su cabeza de lista, Pablo Iglesias, el magistrado del caso Nòos le reconoció que si no se hubiera aceptado alargar su jubilación iría en sus listas.
En el acto no ha faltado la exdiputada autonómica de IU Tania Sánchez, que se presenta también en la candidatura madrileña de Podemos.
Carolina Bescansa e Íñigo Errejón ocuparán los números 2 y 3.
Una vez fijado a dónde irán a parar los 6,9 millones de euros por los que será vendido el palacete, el juez ha autorizado a que se produzca la transacción.
Castro aceptó el precio de venta, pero rechazó que se destinaran 437.215 euros a cancelar un préstamo y casi 254.000 euros a una deuda con Hacienda.
El dinero se usará para garantizar el pago de responsabilidades civiles y multas a las que podrían ser condenados en una eventual sentencia.