El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los hijos de ambos por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse, entre los que se encontraban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

A petición de la Agencia Tributaria, los doce miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" vinculadas a ellos.

Sin embargo, en la información remitida por Hacienda a Anticorrupción el pasado 13 de mayo por la existencia de indicios de delito, la Delegación de Grandes Contribuyentes señaló que "en las actuaciones de comprobación realizadas hasta la fecha, destinadas a la verificación objeto de regularización en las declaraciones complementarias presentadas, no ha podido determinarse si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces".

Aunque esas comprobaciones no han concluido, Anticorrupción se ha visto obligada a presentar la denuncia contra Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes porque el análisis de las declaraciones correspondientes a 2005 prescribía el próximo 30 de junio.

El Ministerio Fiscal recuerda que, en el caso de que las regularizaciones practicadas sean "completas y veraces", procederá el archivo de las actuaciones y la ausencia de persecución penal contra los miembros de la familia Botín, en virtud del artículo 305.4 del Código Penal (que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria").

En un auto publicado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, se considera competente para investigar la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, dada la "entidad, gravedad y complejidad" de los hechos y el "elevado número de denunciados".

Andreu recuerda que "la propia Agencia Tributaria manifiesta su incapacidad para analizar toda la información facilitada en plazo, dada la extensa documentación aportada, la cantidad de entidades intervinientes, la dificultad para proceder a su identificación (...), la complejidad de las estructuras patrimoniales (...) creadas al socaire de los hechos investigados, al no fácil seguimiento de éstas a lo largo del tiempo, así como de los distintos activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas".

Como las declaraciones complementarias presentadas exceden en algunos ejercicios los 120.000 euros, el juez entiende que "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda Pública", aunque recuerda que Anticorrupción ha interpuesto la denuncia "a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta".

"Lo cierto es que se produjo una regularización, mediante declaraciones complementarias extemporáneas que podrían suponer el reconocimiento de un incumplimiento de las obligaciones tributarias", que "podría no ser punible desde un punto de vista penal" por el artículo 305.4 del Código Penal, señala Andreu.

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional considera que lo primero que hay que investigar para saber si puede continuar la causa contra la familia Botín son "qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados a fin de regularizar o de poner en orden su situación tributaria".

Los doce miembros de la familia Botín están incluidos en el listado de 659 contribuyentes españoles que ocultaron dinero en la filial suiza del banco HSBC. Esta entidad suele exigir un capital mínimo de 1,6 millones para abrir una cuenta.

Hacienda tiene en su punto de mira a la familia Botín desde mayo de 2010, cuando Francia pasó a España el listado de estos evasores, que no habían declarado sus fondos entre los años 2005 y 2009. En lugar de abrir una investigación, Hacienda les requirió que presentaran una declaración complementaria debido a la proximidad de la prescripción del ejercicio fiscal de 2005. Y, según explican fuentes de la Agencia Tributaria, "esta declaración interrumpe la prescripción".

De la lista de 659 evasores, solo 293 contestaron a Hacienda y presentaron declaración complementaria, tal y como publicó 20 minutos el pasado 6 de abril. Lo malo es que de esos 293 había 151 "que no ofrecieron explicaciones satisfactorias" o los datos que presentaron "no eran acordes con los que tenía Hacienda". Ahí está incluido el clan Botín.

Antes de que acabe el 30 de junio, la Audiencia abrirá proceso penal contra otros 40 evasores, dentro de ese grupo de 151 contribuyentes que no respondieron satisfactoriamente a Hacienda.