El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley en el que se elevará el umbral del sueldo que no se puede embargar en una ejecución hipotecaria después de que el Congreso de los Diputados haya dado luz verde a una resolución a partir de una de las propuestas que hizo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el debate sobre el estado de la nación.

En concreto, se incrementa la cuantía de los ingresos inembargables cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, queda todavía un saldo vivo de deuda. Si hasta ahora la cuantía inembargable se limitaba al salario mínimo interprofesional (SMI), más un 10% en el caso de estos deudores, ahora esa cuantía se elevará hasta el 150% del SMI. Es decir, de poco más de 700 euros hasta 960 euros.

Además, si existen otros miembros del núcleo familiar sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional por cada uno de esos familiares. Así quien tenga a cargo dos miembros de su familia nuclear sin ingresos propios verá elevado el límite de inembargabilidad hasta 1.350 euros.

Asimismo, se adoptan dos reformas para garantizar que la subasta del bien hipotecado no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien. En primer lugar, se facilita el acceso de más compradores a esa subasta, mediante la disminución de la cuantía del depósito previo del 30 al 20%, con el objeto de facilitar la presencia de más pujadores. Además, se eleva el límite mínimo por el que el acreedor puede adjudicarse el bien del 50% actual al 60%, y se elimina la posibilidad actual de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien incluso por debajo de esos límites.

De este modo, explicó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba tras el Consejo de Ministros, se evita que los precios de los inmuebles subastados "caigan y caigan", con el consiguiente perjuicio para el dueño de la vivienda, que deberá aún más dinero a la entidad financiera. El artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la adjudicación del inmueble al mejor postor en una subasta o a la entidad financiera no podrá ser inferior con carácter general al 50% del valor de tasación, a menos que la cantidad ofrecida, aún siendo menor, sirva para cubrir la deuda reclamada (incluyendo intereses y costas).

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y las entidades locales ligado a la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores y las previsiones de evolución para los tres años siguientes.

De esta forma, el Gobierno asume el compromiso europeo de determinar una regla de evolución del gasto público que garantice su vinculación a la propia evolución de la economía. Además, el Gobierno ha acordado también proponer una iniciativa análoga a las comunidades autónomas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará a finales del mes de julio.

Por otra parte el vicepresidente primero adelantó que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pagará hasta 3.400 millones de euros las pymes que tengan deudas pendientes con los ayuntamientos, a los que se descontarán las facturas que pague el organismo de los ingresos a cuenta que realiza anualmente el Estado a las corporaciones locales. El mecanismo consiste en que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente pymes de menos de 250 trabajadores, puedan recibir de modo inmediato a través del ICO el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales.

El organismo crediticio destinará recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado.

Las operaciones tendrán un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, es decir, unos 3.400 millones de euros. De este modo, añadió Rubalcaba, el Gobierno atiende la "difícil situación" en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad.