El Gobierno ve "coherente" que Sortu siga siendo ilegal ya que no pide la disolución de ETA

La Abogacía General Estado sostiene que mientras ETA no desaparezca definitivamente, la izquierda abertzale, 'ilegalizada' o 'legalizada', no puede pretender "colarse" en el plano de la normalidad política sin desvincularse de la banda terrorista o pedir su disolución.

Este es uno de los argumentos de las alegaciones que este lunes ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) el abogado general del Estado, en nombre del Gobierno, que pide que se rechace el recurso de amparo de Sortu contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos.

"No aparece por ningún lado la desvinculación, separación o incluso contraposición entre ETA y la izquierda abertzale-Batasuna. Más bien lo que aparece es una interpretación a dos coros del mismo motivo melódico sin demasiada desarmonía al principio y plena armonía al final", señala el escrito de la Abogacía.

Añade que "el cotejo" entre las posiciones que han expresado la banda terrorista y quienes ofician de portavoces de la izquierda abertzale ilegalizada "no puede describirse como contraposición o separación, sino como interpretación a cuatro manos de la misma pieza".

"Mientras ETA exista, esté armada y la izquierda-abertzale-organización no rompa con la banda de una manera incontrovertiblemente real, no podrá ser un actor político normal, equiparable a otros partidos", indica.

Para demostrar que esa ruptura con la organización terrorista aún no ha llegado, la Abogacía del Estado se refiere a la reacción de Sortu ante lo expresado por ETA en su último comunicado el pasado 11 de julio, en el que (recuerda) la banda concluía con la consigna de siempre: "Jo ta ke independentzia lortu arte (Sin cejar hasta conseguir la independencia)".

La respuesta que ha dado Sortu ha sido "el silencio", indica el abogado del Estado, que resalta: "El que calla cuando debe y puede hablar consiente".

Así, insiste en que mientras ETA no desaparezca definitivamente, la izquierda abertzale 'ilegalizada' o 'legalizada' -en alusión a Bildu- no puede pretender colarse en la normalidad política si no se desvincula de la banda terrorista "sin ofrecer ningún atisbo de duda, mediante un rechazo expreso de la violencia etarra y una petición de disolución" de la misma.

El escrito hace referencia también a la sentencia de la Audiencia Nacional, que el pasado viernes condenó a 10 años de cárcel al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al exsecretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga como autores de un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes.

En este sentido, recuerda algunos documentos incautados a ETA, que ya tomó en consideración el Supremo para prohibir la inscripción de Sortu y que ahora han servido para condenar a Otegi, Usabiaga y otros tres miembros de la izquierda abertzale.

Las alegaciones de Abogacía General del Estado han llegado este lunes a primera hora al TC, un día antes de que concluya el plazo que el alto tribunal dio a las partes. Este martes presentará las suyas la Fiscalía General del Estado, según han informado fuentes de esta institución.

No obstante, la Fiscalía repetirá algunos de los argumentos de la Abogacía del Estado, que ya expuso también ante el Supremo y que impidieron que Sortu concurriera a las elecciones locales del pasado mes de mayo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya avanzó el pasado jueves, durante el acto de apertura del Año Judicial, que trataría de impedir con sus alegaciones ante el Constitucional que Sortu sea legalizada. Para Conde-Pumpido, Sortu no puede ser legal mientras "en el telón de fondo de su presencia política subsista la terca y desafiante sombra de ETA".

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que la posición de la Abogacía del Estado es "pura coherencia" con lo que siempre ha defendido el Gobierno.

Caamaño, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que el Ejecutivo ha defendido su posición ante el Tribunal Supremo en contra de la legalización de Sortu, y es evidente que ahora considera que no se vulnera ningún derecho fundamental, como alega Sortu, respecto del derecho de asociación política, entre otros.

"Siempre hemos defendido una posición y lo que hacemos es ser coherentes con la posición que el Gobierno ha mantenido desde un primer momento en este tema", ha señalado.

Al ser preguntado si se puede esperar la ilegalización de Bildu de cara a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, el titular de Justicia ha dicho que esta es una decisión que depende de los tribunales.

Caamaño ha precisado que la Abogacía del Estado ha adoptado una vez más las medidas que le corresponden y la Fiscalía también está haciendo su trabajo.

"Si se acredita (porque ante los tribunales hay que llevar siempre pruebas y no conjeturas) que existen medios de pruebas convincentes que permiten mantener esa acción ante los tribunales, la Abogacía del Estado allí estará defendiendo el Estado de Derecho", ha subrayado el ministro.