148 entidades reclaman que se cierre el centro de inmigrantes de la Zona Franca de Barcelona

Un total de 148 entidades sociales, políticas y sindicales catalanas y del resto de España exigieron este miércoles la reforma y el posterior cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona porque en él se vulneran los derechos fundamentales. Este viernes se concentrarán en la capital catalana y entregarán un manifiesto que recoge sus reivindicaciones.

Según las ONG, hay unos 200 internos en Cataluña y más de 16.000 en el Estado, pero sólo el 49% acaban siendo expulsados. "El internamiento ha dejado de ser una medida cautelar para garantizar la expulsión, y se ha convertido en un castigo", lamentó José Javier Ordoñez, letrado de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos.

Las entidades piden que se regulen los CIE, porque actualmente funcionan de forma "discrecional, según el criterio del director" de cada centro, explicó Cristina Fernández, jurista del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Después, exigen el cierre de los CIE, ya que no tener regularizada la situación es una falta administrativa y no un delito.

"Se da la paradoja de que personas imputadas por delitos graves están libres, mientras que otras están encerradas por no tener papeles", según Norma Falconi, portavoz de Papeles para Todos.

Las ONG, que afirman tener muchas dificultades para acceder a los centros, sostienen que las vejaciones y los maltratos son habituales. Los CIE "suponen un peligro para la integridad de los internos y son espacios de impunidad", añadió Fernández, quien alertó de que, en caso de denuncia, "víctima y testigos son deportados". Además, a menudo ven vulnerado su derecho a la defensa, porque no pueden hablar libremente con los abogados. SOS Racismo ha gestionado entre 12 y 15 denuncias. En la Zona Franca han muerto dos internos en año y medio.

Los centros no están controlados, porque el encargado de velar por los derechos de los internos es el juzgado de guardia de cada día. El Tribunal Superior de Justicia, sin embargo, podría designar a dos juzgados de instrucción para hacer un control como quieren las ONG.