Cifuentes pide al 15-M que le notifique sus asambleas pero el movimiento se niega

El 15-M no notificará por vía oficial sus asambleas a la Delegación del Gobierno. Pese a que la nueva representante del Estado en Madrid, Cristina Cifuentes, se ha ofrecido a abrir un canal de diálogo con el movimiento de los indignados, la Asamblea de Sol ha decidido continuar convocando su foro de discusión sin solicitar el visto bueno de las autoridades.

Cifuentes aseguraba este jueves durante una entrevista en ABC Punto Radio que, si los 'indignados' quieren beneficiarse del derecho de reunión, deberían cumplirlo "íntegramente". "Ese derecho puede estar conculcando otro derecho [...] Yo lo que les pido desde aquí, si están escuchando, es que cumplan la ley íntegramente, que lo comuniquen, lo notifiquen, y seguro que no va a haber ningún problema", invitó.

Delegación de Gobierno esgrime el artículo 21 de la Constitución Española, que establece la libertad absoluta de reunirse pacíficamente. La norma únicamente solicita "comunicación previa a la autoridad" en los casos en los que este derecho se ejerza "en lugares de tránsito público".

Cristina Cifuentes se ha marcado como objetivo que, en caso de convertirse en habituales, como ocurrió en la primavera-verano de 2011, las asambleas de indignados no paralicen la Puerta del Sol. Así lo ha dejado claro cada vez ha repetido que ha llegado al puesto para defender "los derechos de todos los ciudadanos".

Las condiciones de la Delegación chocan, sin embargo, con la libertad de acción que reclaman los manifestantes para "tomar la calle".

El pasado domingo, 22 de enero, agentes de la Policía Nacional solicitaron la documentación de los congregados en la última asamblea general, advirtiéndoles, al mismo tiempo, de que serían multados si la próxima vez no comunicaban su concentración a la Delegación. La sanción administrativa puede llegar hasta los 30.050,62 euros.

Ese mismo día, la asamblea votó y decidió que el próximo domingo, día 29, acudirán de nuevo a la Puerta del Sol sin comunicación previa. Para justificar su decisión, la comisión de Legal del movimiento citó el mismo artículo 21 de la Constitución y Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

Según precisó la comisión de Información a 20minutos.es, dado que sus convocatorias son pacíficas y públicas (se difunden en Internet y a través de las redes sociales), no cabe hacer avisos adicionales.

En palabras llanas, si la delegada del Gobierno y la Policía Nacional quieren saber qué van a hacer los 'indignados', sólo tienen que consultar sus páginas web o cuentas en redes sociales como Facebook o Twitter. Así lo hicieron las autoridades durante las jornadas que siguieron al 15-M o ante la protesta 'Yo no pago' que tuvo lugar este mes en el metro de Callao.

Con todo, la Delegación de Gobierno ha confirmado a 20minutos.es que no tiene ninguna intención 'a priori' de prohibir o tomar medidas represivas contra los 'indignados'. Aunque el movimiento no haga una comunicación formal de la Asamblea, la UIP (Unidad de Intervención Policial o antidisturbios) no actuará salvo que se viole la ley.

La propia Acampada de Sol insiste en su página web en que "NUNCA puede alterarse el orden público ni poner en peligro personas o bienes", pero también censura lo que califica como un intento de "represión policial y administrativa".

A fin de debatir, explicar los términos legales y realizar aclaraciones a los que estén interesados, la Acampada ha convocado la 'Segunda asamblea antirepresión', que tendrá lugar el sábado 28 a las 18.00 horas en el Centro Social Okupado Casablanca (Antón Martín). El domingo, durante la asamblea general que tendrá lugar en la Puerta del Sol a partir de las 12.00 horas, la Comisión de Legal volverá a informar sobre "el uso de la plaza, represión y las multas".