El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer esta semana  el número de concursos de acreedores que se han producido en España durante 2011. En total han sido 5.821 las empresas y 934 familias las afectadas, según la Estadística de Procedimiento Concursal.

Llama la atención que el número de familias que se declara insolvente sea bastante menor que el año anterior: un 3,9% menos que en 2010, a pesar de que los desahucios no dejan de crecer y las deudas en el núcleo familiar siguen aumentando con la cifra de paro nacional.

El motivo radica en lo complicado de aplicar esta norma que, aunque no permite anular las deudas, puede aplazar ciertos pagos de acuerdo a las posibilidades de cada persona.

Desde septiembre de 2004, con la entrada en vigor de la Ley Concursal, ya no solo las empresas se pueden declarar en quiebra, también las personas físicas que se encuentran ante una situación de insolvencia.

Cabe recordar que un concurso de acreedores es un procedimiento judicial para intentar salvar en última instancia a empresas o personas físicas en situación de insolvencia. Se hace mediante un acuerdo con los acreedores sobre el pago y plazos de las deudas, para evitar así la liquidación en el caso de las empresas.

Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones de la Ley, es importante conocer la difícil viabilidad de aplicar esta norma para aquellas personas con problemas financieros.

En primer lugar, y según señala la economista y asesora de familias con muchas deudas del Banco Mundial de la Mujer, Mercedes Salas, esta ley "está pensada para las empresas, ya que las familias tienen muy poco margen de maniobra". El motivo, para Salas, son los altos costes judiciales: abogados, procuradores, publicación de edictos, entre otros gastos.

"Es un proceso judicial muy caro, que no permite acceder a un abogado de oficio. Los costes judiciales pueden oscilar entre los 10.000 o 12.000 euros. Si una familia quiere acogerse a la Ley Concursal es porque no tiene dinero para pagar sus deudas, entonces ¿cómo puede sufragar los costes?" se cuestiona Salas.

Este proceso judicial consiste en reunir a todos los acreedores de una persona con el fin de analizar su situación financiera. Después se presenta un informe y se renegocia el acuerdo de pago. Entre los efectos positivos que puede tener el pleito para el deudor están:

A pesar de los aparentes beneficios que puede tener declararse insolvente, si en un hipotético caso se pudiera pagar los costes judiciales hay que tener en cuenta que  para el caso de los hipotecados, el banco puede llevar adelante un embargo o subasta de su vivienda sin esperar a dicho concurso.

Los expertos aconsejan acogerse a esta ley si el patrimonio del deudor es muy superior a la deuda en sí. No obstante, siempre es aconsejable ir de la mano de asesores antes de comenzar un proceso de este tipo. Hay algunas entidades, como el Banco Mundial de la Mujer, que ofrecen servicio de asesoramiento gratuito financiero a familias con grandes problemas financieros.