El Defensor del Pueblo transmite a la ONU las denuncias por las "redadas racistas"

El Defensor del Pueblo ha incluido las quejas ciudadanas por identificaciones policiales callejeras basadas en criterios raciales en el informe enviado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, una información que complementará la remitida por el Gobierno y por una veintena de ONG y que servirá a este organismo para examinar el cumplimiento en España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Esta cuestión podría ser, por tanto, una de las que tenga que aclarar la delegación española cuando el próximo lunes se someta al examen oral del Comité. Durante dos jornadas, deberán defender el informe elaborado por el Gobierno sobre el cumplimiento del Pacto y responder, a demanda de los expertos, sobre las cuestiones planteadas por las ONG y el Defensor del Pueblo en sus respectivos trabajos.

El texto del Defensor del Pueblo recoge diversos casos analizados en sus informes anuales durante el periodo 2007-2010, como las citadas redadas racistas, sobre las que referencia las "numerosas quejas de ciudadanos de origen extranjero que han sido detenidos como consecuencia de controles de identificación realizados de manera sistemática en distintos lugares de Madrid".

"Antes de recibir estas quejas, el Defensor ya había iniciado una investigación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer cómo se estaban realizando las diligencias de identificación en la vía pública tras la entrada en vigor de la Circular 1/2010, de 25 de enero. No obstante, de las quejas recibidas parecía desprenderse que se estuviera haciendo una interpretación de la circular restrictiva con los derechos de los ciudadanos extranjeros en función de sus rasgos étnicos", explica la Alta Institución al Comité.

El Gobierno central admitió en 2009 la existencia de cupos de detenciones de ciudadanos sin los papeles en regla, aunque atribuyó las órdenes de identificar solo a ciudadanos con aspecto foráneo a un error. Sin embargo, los controles continuaron.

Ese mismo año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a España por discriminación racial de Rosalind Williams una mujer afroamericana a la que la Policía exigió su documentación en Valladolid, siendo ella la única con apariencia de ser extranjera en la estación ferroviaria de Valladolid.

En marzo de 2012, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, los dio por eliminados, instando a los ciudadanos a denunciarlos si llegaban a ver situaciones similares. Hasta ese momento, afectados por las redadas seguían denunciado en 20minutos.es que las fuerzas del orden les paraban por la calle sin motivo.

Ese mismo mes cuatro activistas fueron absueltos tras haber sido denunciados por dos policías cuando documentaban un control de este tipo en la Plaza de Castilla de Madrid capital.

Los ciudadanos extranjeros detenidos por carecer de documentación cometen una falta administrativa, pese a lo cual pasan a estar privados de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), instalaciones denunciadas por colectivos sociales y ONG a causa de la muerte de internos o de los malos tratos que estos aseguran padecer.

El Consejo General de Abogacía denunció recientemente que la mitad de las privaciones de libertad en estos centros carecen de fundamento legal.

El Gobierno de Mariano Rajoy anunció la semana pasada que priorizará el ingreso en los CIE de aquellos ciudadanos extranjeros que hayan delinquido. En la actualidad, conviven en ellos personas sin papeles con delincuentes habituales pendientes de expulsión. Asimismo, se dotará a estos centros de un reglamento de funcionamiento interno del que hoy carecen.