Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios son una silenciosa realidad desde que España vive en crisis. Durante el primer trimestre de 2012, según cifras del Poder Judicial,  hubo 517 desahucios diarios; 517 dramas cada día; 517 familias que perdían su vivienda.

Frente a esta situación se habló de la dación en pago –saldar la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda–. La vivienda se pierde pero al menos la familia queda sin deudas con el banco. Pero la iniciativa impulsada por el Gobierno Rajoy –el Código de Buenas Prácticas– no ha podido remediar este problema.

Más allá va la propuesta que el PSOE hace este jueves. Se trata de un proyecto de ley para ampliar las posibilidades de renegociar la hipoteca y evitar así los desahucios. Se trataría de dar a los deudores una "segunda oportunidad" como ocurre en otros países. Los socialistas aclaran que no se trata de legalizar el impago sino de buscar otras vías para evitar la exclusión social.

La iniciativa del PSOE defiende que se conceda a una persona el mismo trato que recibe una empresa cuando se declara insolvente, de forma que no se le aplique la ejecución hipotecaria y pueda permanecer en su vivienda. De hecho, proponen que la dación en pago sea el "último recurso".

Este jueves, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha presentado a colectivos sociales y asociaciones una proposición de ley que apuesta por renegociar las hipotecas para que los ciudadanos no pierdan sus viviendas cuando no puede pagarlas.

Rubalcaba ha explicado que su propuesta pretende "echar una mano a gente que lo está pasando mal simplemente porque confió en un sistema que es injusto para el que menos tiene".

A su juicio, la renegociación de las hipotecas, que en otros países se conoce como "segunda oportunidad", supone a una mejor solución que la dación en pago, porque "abandonar la vivienda es "traumático", ha dicho.

Según sus datos, desde 2007 se han registrado en España 400.000 desahucios "y la economía parece que no va a respirar y que este tema va a seguir creciendo", ha advertido, lo que abunda en la "fractura social" de la que vienen alertando los socialistas.

La ley que propone el PSOE incluye para ello restricciones como que los plazos de amortización de las hipotecas excedan de 30 años y que el principal supere el 80% del valor de tasación de las viviendas.

Una de las novedades que proponen los socialistas es buscar el acuerdo entre deudor y acreedor mediante un procedimiento extrajudicial, un "convenio de acreedores con intervención notarial" que evitara en un principio la declaración judicial de concurso (insolvencia) para dar al deudor una "segunda oportunidad", como ocurre en otros países.

En este acuerdo bajo notario entre deudor y acreedor se permitiría al ciudadano continuar usando su vivienda "bajo cualquier fórmula que se recoja".

Respecto al Código de Buenas Prácticas, la propuesta del PSOE reclama incrementar sus garantías y que dicho código sea obligatorio para las que hayan recibido dinero público.

Aboga asimismo por elevar el "umbral de exclusión" para poder reestructurar la deuda a aquellas familias cuyas rentas no superen en dos veces y media el IPREM (indicador público de rentas múltiples). Hasta ahora sólo podían acogerse familias sin rentas del trabajo o de actividades económicas.

El PSOE busca por otra parte modificar las normas que regulan las subastas para impedir que se adjudiquen viviendas por una cantidad "excesivamente baja". Además demanda que en una subasta, si el banco obtiene una cantidad mayor a la deuda contraída por el cliente, le pague a éste la diferencia.

También quieren los socialistas que se corrijan las situaciones "abusivas" en las tasaciones de las viviendas y exigen una mayor independencia de las sociedades de tasación respecto a las entidades financieras que hacen el préstamo.

Medidas para mejorar la información que las entidades deben proporcionar a sus clientes o mayores exigencias en la formalización de las hipotecas se incluyen también en esta propuesta.

Prueba de que los desahucios son una urgencia en este país, es que el debate al respecto va más allá del Parlamento. Recientemente, el magistrado y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal  Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Edmundo Rodríguez Atxutegi, planteó blindar a los parados frente a los desahucios.

Concretamente, propuso que el Gobierno adopte una moratoria legal para impedir la ejecución de hipotecas (y el posterior desahucio) de primera vivienda de las personas que no puedan hacer frente al préstamo, mientras se mantengan en situación de desempleo.