Ante el drama social que suponen los desahucios, algunas administraciones están ideando fórmulas de ayuda audaces. Es el caso del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), que está dispuesto a "expropiar" casas a los bancos para alquilarlas por 50 € a familias desahuciadas.

El municipio ha puesto en marcha un programa mediante el cual revisará los inmuebles deteriorados de la ciudad y requerirá a sus propietarios, tanto particulares como bancos, su adecuación. De no producirse, se procederá a la expropiación de estas viviendas para alquilarlas a personas que han sido desahuciadas.

El consistorio tiene previsto poner su atención en las viviendas declaradas en mal estado de conservación para requerir a sus propietarios la adecuación. No obstante, en caso de que no se obtenga respuesta o no se cumpla con lo establecido, el proceso culminará con la inscripción de la propiedad en el registro municipal.

No se tratará de una expropiación en sentido legal, pero sí en la transmisión de la titularidad de la propiedad, que pasará a la Administración local, que se encargará de su rehabilitación. En concreto, de la inversión total de 400.000 euros, 200.000 corresponden a la adquisición de las viviendas y otros 200.000 euros a un programa de empleo por el cual trabajadores del municipio en paro se encargarán de esa remodelación.

La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, asegura que se trata de un proyecto que abarca dos temas "que preocupan", como son el paro y los desahucios. Además, como presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), llevará esta iniciativa a la institución.

Ya hay una casa que en breve se rehabilitará y se pondrá a disposición de una familia que lo necesite. Aparte de este primer inmueble, la iniciativa se va a iniciar de forma inminente en 48 viviendas, en un 80% propiedad de bancos.

"Queremos ser inflexibles con los bancos como ellos lo son con la gente", dice la alcaldesa, que ha precisado que en algunos casos los propietarios no han cumplido con las obligaciones tributarias, con lo que ese dinero se descontaría de la adquisición.

Una vez inscritas, los servicios sociales municipales trabajarán sobre los perfiles de los beneficiarios, aunque se prevé que sea "fundamentalmente gente joven de menos de 35 años que han perdido sus casas".