La Ley de Transparencia incluirá a la Casa del Rey, pero solo parcialmente. El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Congreso, ha avanzado que las partidas administrativas de la Corona, es decir, gastos asociados como los de la seguridad o los servicios y que se satisfacen a través de distintos ministerios, estarán incluidos en la futura normativa, cosa que hoy no ocurre.

Así lo ha garantizado el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, en la que precisó, sin embargo, que lo que no se incluirá en el ley será el reparto que hace el rey de la asignación presupuestaria que recibe anualmente para el mantenimiento de su familia y de la institución.

"Todos aquellos servicios que los diferentes departamentos administrativos prestan a la Casa Real van a estar sometidos a la ley. Podían no haberlo estado, pero nuestra intención es que estén", detalló Bermúdez de Castro. Estos incluyen el personal de la Casa del Rey, que está adscrito al Ministerio de la Presidencia; los edificios que utiliza la Familia Real, que dependen de Patrimonio Nacional; aquellos relacionados con la seguridad y la vigilancia, dependientes del Ministerio del Interior y los demás servicios que puedan prestar a la Jefatura del Estado otros departamentos ministeriales.

Esta incorporación a la norma sobre transparencia supone la segunda rectificación del PP en este ámbito. En un primer momento, el partido que dirige Mariano Rajoy se había negado a incluir a los partidos políticos, cosa que ha terminado admitiendo.

Un pacto anticorrupción con CiU, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro abrió la puerta a que la Casa Real y otras instituciones (como los sindicatos) también apareciesen en la normativa. El acuerdo se alcanzó después de hacerse público el 'caso Bárcenas' sobre el posible cobro de comisiones ilegales y financiación ilegal en el PP.

Preguntado sobre si a raíz de asuntos como el 'caso Nóos' o  la polémica sobre la princesa Corinna, la Casa del Rey no debería haberse mostrado más "transparente", el secretario general del Grupo Popular, abogó por no "mezclar" la transparencia a la que "debe estar sometida la Casa Real con hechos que se pueden imputar a una persona muy concreta".

"Yo creo que la Casa Real es transparente", agregó, recordando que hace unos meses la institución ya informó de las retribuciones que recibía cada miembro de la Familia Real.

Los grupos del Congreso aún están pendientes de llegar a un acuerdo acerca de en qué términos deberán someterse las formaciones políticas a la futura ley o si la imposición de la transparencia vendrá vía reforma de la ley de partidos. "Los partidos se van a incluir, pero no sé si con carácter singular o en todos sus términos", señaló José Antonio Bermúdez de Castro. De ello dependerá también el hecho de que la Ley de Transparencia sea o no una ley orgánica, el rango máximo en el sistema español.

UPyD e IU son partidarias de que sea una ley orgánica, porque defienden que el derecho de acceso a la información ha de entenderse como fundamental. Sin embargo, el PP lo rechaza: "El Tribunal Constitucional ha establecido que el acceso a la información publica no es un derecho fundamental, por tanto, es difícil que tenga carácter orgánico. Otra cosa es que, como consecuencia de que incorporemos partidos o sindicatos, pueda conllevar que si no la totalidad, una parte sí pueda tener rango orgánico".

En cualquier caso, los grupos no entrarán a negociar estos aspectos hasta que no finalicen las comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional. Están previstas dos nuevas sesiones los días 10 y 17 de abril y aún podría convocarse otra más el día 24 de ese mes en la que se podría dar audiencia a representantes sindicales y empresariales.

Una vez se supere esta etapa, los grupos volverán a reunirse con el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis Ayllón, para exponer sus posiciones y explorar las posibilidades de acuerdos. Después presentarán sus enmiendas parciales para estudiarlas primero en ponencia y luego en comisión.

Bermúdez de Castro insiste en que el PP quiere que se apruebe con el máximo consenso "si no entre todos, si entre la mayor parte" de los grupos". "Vamos por buen camino. La disposición de PP y PSOE para intentar llegar a un acuerdo existe", enfatizó el político.