Uralita dice que siempre cumplió la ley y los trabajadores hablan de "daño progresivo" por amianto

  • Este lunes ha comenzado el primer juicio colectivo por la vía civil contra la empresa, a la que extrabajadores reclaman 2,2 millones de euros.
  • El amianto es considerado altamente cancerígeno y acusan a la empresa de no adoptar las medidas de seguridad pertinentes en la fábrica de Sevilla.
  • Los efectos del mineral provocaron enfermedades y en algunos casos fallecimientos; las diversas vías judiciales de este caso se iniciaron en 2003.

La empresa Uralita ha asegurado que "siempre" se cumplió en su fábrica de Dos Hermanas (Sevilla) con la legislación vigente sobre utilización del amianto. Así lo ha dicho en un comunicado tras la vista judicial celebrada en relación a la denuncia colectiva presentada por extrabajadores de la compañía.

Un total de 26 empleados de la antigua fábrica o, en algunos casos, sus familiares —algunos han fallecido— que resultaron afectados por el mineral, considerado altamente cancerígeno, han acudido este lunes y lo harán también el martes al primer juicio colectivo por la vía civil contra la empresa, a la que reclaman 2,2 millones de euros de indemnización por los daños causados —enfermedades y muertes— y por no adpotar las medidas de seguridad pertinentes.

A este primer grupo se unirán otros 25 extrabajadores que tienen su juicio en octubre; las diversas vías judiciales se iniciaron en 2003.

Uralita explica que realizó inversiones en materia de seguridad e higiene y que creó una comisión interna sobre esa problemática antes de que existiera la normativa específica sobre amianto. Fuentes de los trabajadores han indicado que "desde el año 2005 ya no se utiliza el amianto en las fábricas pero todavía quedan residuos", por lo que la asociación de afectados exige un trabajo de prevención.

Se "adelantó" a la normativa

La empresa dice que, como ha manifestado ante el juez, "fue de las primeras empresas que, adelantándose a la legislación, adoptó voluntariamente diversas medidas de prevención en 1977, cinco años antes de que entrara en vigor la Ley española de 1982 y seis años antes de que aparecieran las recomendaciones al respecto de organismos tan relevantes como OIT (Organización Internacional del Trabajo) y CEE (actual UE)".

Uralita resalta, además, que creó una comisión interna de seguimiento de esa problemática, la Comisión Nacional del Amianto de Uralita, "precursora de la que luego se creó por la Administración, recibiendo felicitaciones por parte de esta última en relación con sus servicios de prevención y control, como  servicios médicos o equipos de medición, entre otros servicios".

La empresa ha explicado que Uralita comenzó a trabajar en la sustitución de este producto en sus fábricas "antes de la entrada en vigor de la normativa europea de 1999 y española de 2002 sobre prohibición de uso y comercialización de productos con amianto", un proceso que culminó en mayo de 2002 y supuso "la instalación de nuevas tecnologías que permitían fabricar productos sin amianto".

Casos en "familiares directos"

Los extrabajadores de Uralita, sus familiares y delegados sindicatos se han concentrado a las puertas del juzgado de lo social de Sevilla, en el edificio Noga.

"Cuando se promulgó la ley de eliminación del amianto, el 12 de marzo de 2006, había en España más de 3.000 víctimas del amianto", ha explicado el portavoz de los afectados, Antonio Delgado, quien lamenta que esa cifra "va en aumento porque ya se han detectado casos en familiares directos". Actualmente hay 80 extrabajadores de Uralita de Dos Hermanas con expedientes abiertos.

Fuentes de los abogados de los trabajadores han explicado que en la vista de este lunes comparecieron médicos y peritos por parte de la acusación, quienes "informaron del comportamiento de las enfermedades padecidas por este colectivo, cuyo desarrollo es progresivo y no da la cara tan pronto".

"La empresa dice que efectuó un estricto cumplimiento de la legalidad vigente y hace una valoración interesada, mientras que los informes de nuestros médicos están efectuados por profesionales de centros públicos de la sanidad y han mostrado el daño corporal que ocasionaba el amianto", han agregado.

Asimismo, han añadido que "la empresa argumenta que se gastó  190 millones de pesetas en 28 años en prevención, pero es una cifra ridícula comparada con la cifra de negocio, y además fue ineficaz, pues las consecuencias la hemos visto y la seguiremos viendo". "Tenemos buenas sensaciones, y esperamos un paso adelante y un pronunciamiento valiente por parte de la juez respecto a que aprecie que son daños progresivos", aseguran.

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