El Estado ahorrará 6.500 millones hasta 2015 con la nueva reforma de las administraciones

  • El ahorro "para el ciudadano", asegura el Ejecutivo, será de 16.300 millones; es un "menor coste para nosotros como usuarios", según el ministro Montoro.
  • El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que tiene unas 2.000 páginas.
  • Incluye 218 propuestas de medidas, de las que 140 afectan al Estado y a las comunidades autónomas y 78 exclusivamente a la administración del Estado.
  • Preguntada por si habrá despidos en el sector público como consecuencia de la reforma, la vicepresidenta reconoce que "tendrá que salir personal eventual".
  • El ahorro de todas las medidas de racionalización desde 2012 y hasta 2015 será de 37.700 millones; "más de la mitad" corresponde al empleo público.

Un trabajo "gigantesco, titánico e inédito". Así ha calificado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que ha llegado este viernes a la mesa del Consejo de Ministros. Tiene unas 2.000 páginas y está enmarcado en "un proceso de reforma de las administraciones públicas" en el que también se encuentran la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la Reforma de la Administración Local.

El texto contiene 218 propuestas de medidas, de las que 140 afectan al Estado y a las comunidades autónomas y 78 exclusivamente a la administración del Estado. Con la implantación de esta nueva reforma, desde ahora y hasta 2015, según la vicepresidenta, se producirá un ahorro de 6.500 millones de euros para las administraciones públicas —"en los Presupuestos"— y de 16.300 millones de euros para el ciudadano "en costes de oportunidad".

El Ejecutivo no ha asegurado que no se producirán despidos en el sector público, se ha limitado a decir que "el ajuste grande ya se ha producido", que "tendrá que salir" personal eventual y que habrá "que cubrir huecos que hemos generado por la tasa de reposición cero", según Sáenz. En cuanto al ahorro estimado "para el ciudadano", el ministro Montoro ha detallado que se refiere a un "menor coste para nosotros como usuarios".

La vicepresidenta también ha dado durante la rueda de prensa tras el Consejo cifras globales del ahorro que supondrán las medidas respecto al sector público que ha venido adoptando el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura.

Según Sáenz de Santamaría, "sumando todo lo que hemos eliminado y podemos eliminar en gastos burocráticos", es decir, "racionalización de estructuras, medidas estructurales del empleo público (no sumen la paga) y la reforma local", el ahorro acumulado desde 2012 y hasta 2015 será de 37.700 millones de euros. De esa cifra, ha especificado, "más de la mitad" corresponde al empleo público.

Por último, comparando el presupuesto de 2011 y 2015 de todas las administraciones, la diferencia, ha explicado, es de 17.500 millones de euros.

El informe es una "auditoría completa a todo el sistema de la administración pública", ha dicho Sáenz, explicando que es "un trabajo hecho desde casa" y una "guía al servicio de la administración general del Estado, para quien esto es una obligación, y al servicio del resto de las administraciones".

Fusión de 57 organismos

La vicepresidenta ha anunciado la creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de las Administraciones que, "con coste cero", se encargará de vigilar el cumplimiento de dicha reforma.

Al frente de esa oficina estará Angelines Trigo, inspectora de Servicios de la Administración General del Estado y con rango de subsecretaria -lo que supone su asistencia a la Comisión de Subsecretarios-, que es, según ha explicado Sáenz de Santamaría, "una de las personas que más ha trabajado" en la reforma. La Oficina elaborará cada tres meses un informe, y cada año un análisis exhaustivo y global sobre lo que se ha hecho y lo que queda por hacer.

El Ejecutivo ya ha avanzado que va a asumir la parte correspondiente a la Administración General del Estado y que intentará el entendimiento con las comunidades para que apliquen la parte que les corresponde. La reforma que va a emprender el Gobierno, ha dicho la vicepresidenta, incluye cuatro objetivos: "Reforzar la disciplina presupuestaria y la transparencia, racionalizar el sector público, mejorar la eficiencia y la eficacia y cambiar la cultura administrativa para enfocarla al administrado".

De acuerdo con el informe, el Gobierno prevé suprimir o fusionar 57 organismos públicos, entes o fundaciones, entre ellos el Consejo de la Juventud y varias entidades de la Seguridad Social; también se propone eliminar hasta 90 observatorios.

El Ejecutivo hablará con las comunidades para eliminar numerosos organismos cuyas competencias y servicios serían prestados por órganos estatales "con igual o mejor calidad" y a menor coste. Es el caso de las competencias atribuidas a los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, las agencias de protección de datos, las juntas consultivas de contratación administrativa, los tribunales administrativos de recursos contractuales o las agencias de evaluación del ámbito universitario.

La reforma también prevé que un único portal de internet centralice la información de todas las administraciones y permita hacer los trámites y servicios más relevantes, desde consultar las multas de tráfico, pedir hora para renovar el DNI o consultar las ofertas de empleo público. La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que el Gobierno tiene intención de llevar al próximo Consejo de Ministros, dentro de una semana, la llamada "ley de la factura electrónica".

Reunión con las autonomías

El ministro de Hacienda ha anunciado que la próxima semana —miércoles y jueves— convocará a la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informarles del contenido de la reforma.

El ministro ha indicado que el objetivo de los encuentros es expresar el contenido de la reforma y "traducirlo" en los compromisos de evolución del gasto público de las administraciones territoriales y en su programa presupuestario, "e insertándolo en los objetivos de déficit público".

El ministro ha afirmado que no se trata de abrir procedimientos coercitivos, sino de tener un armazón institucional para encuadrar esa colaboración entre las administraciones. Ha subrayado que es una cuestión de lealtad institucional desde la obligación de alcanzar los objetivos de déficit, "que es lo que está permitiendo acortar la crisis".

Montoro ha reiterado que estos objetivos no se van a retrasar y ha añadido que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se fijarán estos objetivos de déficit "de forma individualizada". A este respecto, ha dicho que en este trámite no se puede "tardar mucho" y que habría "cierto tiempo" para que las autonomías y corporaciones locales incorporen medidas para remozar sus planes políticos financieros. Este calendario, ha recalcado, "se cerrará de aquí a final de mes".

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