El Congreso rechaza suprimir el "privilegio" de la Iglesia en el registro de bienes

  • Contra una proposición no de ley de Izquierda Plural que instaba al Gobierno a reformar la ley hipotecaria para suprimir el "anacrónico privilegio".
  • Partido Popular y CiU han adelantado que votarán en contra.
  • Llamazares tiene como objetivo hacer realidad la compatibilidad de un estado aconfesional y avanzar en la supresión de esta "injusticia".
El Congreso de los Diputados, en una imagen reciente.
El Congreso de los Diputados, en una imagen reciente.
EFE
El Congreso de los Diputados, en una imagen reciente.

La Comisión de Justicia del Congreso ha rechazado una proposición no de ley de Izquierda Plural que instaba al Gobierno a reformar la ley hipotecaria para suprimir el "anacrónico privilegio" de la Iglesia, que equipara a los obispos con los funcionarios públicos al registrar por primera vez un bien.

Durante el debate de la iniciativa, que además reclamaba medidas para que las iglesias paguen a las Administraciones Públicas el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de su propiedad, tanto el PP, con mayoría absoluta, como CiU han adelantado que votarán en contra de la misma.

En su defensa de la proposición, el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha asegurado que tiene como objetivo el hacer realidad la compatibilidad de un estado aconfesional y avanzar en la supresión de la "injusticia" que supone la "apropiación indebida de bienes" por parte de la Iglesia.

Ha explicado que el Gobierno de José María Aznar aprobó, en 1998, un real decreto que otorgó a la Iglesia la misma potestad que al Estado, así como a las provincias y los municipios para hacer suyas propiedades no registradas mediante su inscripción en el Registro.

En este sentido, Llamazares ha dicho no entender como en el siglo XXI puede subsistir aún este privilegio. La diputada del PP María Jesús Moro ha afirmado que lo dicho por Llamazares es "incorrecto" puesto que, a su juicio, la iglesia no ha provocado la apropiación de bienes y, además, ha añadido, la normativa actual favorece el registro de propiedades a las distintas instituciones del Estado.

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