Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco tienen la intención de recurrir la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional, y en estos momentos están "todas trabajando sobre su respectivos recursos".

Así lo ha manifestado este lunes a los medios el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, Domingo Berriel, tras reunirse con representantes de las citadas comunidades en la sede de la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid.

En una rueda de prensa, en la que sólo estaba representada la comunidad canaria, Berrier ha señalado que todas las comunidades consideran que la ley invade las competencias autonómicas y que cuentan de plazo hasta el 30 de agosto para presentar los recursos.

Junto al político canario, han asistido a la reunión el secretario general técnico y el director general de Ordenación del Territorio de Cataluña; el viceconsejero de Medio Ambiente y director de la Agencia del Agua del País Vasco; el secretario general técnico de Andalucía, y la jefa de servicios de gestión urbanística de Asturias.

Todos ellos "venían comisionados por sus propios consejeros", ha añadido Berrier tras anticipar que cada vez habrá más puestas en común por parte de las comunidades, ante lo que ha calificado de "cerrazón" por parte del actual Gobierno y de pretensión de debilitar el actual modelo competencial.

El consejero ha recordado además que las cinco comunidades citadas poseen más de la mitad del litoral español y que la argumentación jurídica de sus respectivos recursos es "básicamente la misma".

Así ha pasado a desgranar los puntos sobre los que a juicio de Canarias la actual ley de costas es inconstitucional.

En este sentido, ha dicho que la Ley de Costas vulnera el principio de igualdad al haber amnistiado doce núcleos situados en la Costa y al resto haberlos dejado fuera sin sentar primero las bases que especifiquen cuales son los criterios para gozar de ese régimen especial.

En segundo lugar, ha considerado que invade las competencias autonómicas y locales, y en tercer lugar, porque la ley "es retroactiva" al obligar a los ayuntamientos a presentar informes sobre suelos que ya estaban clasificados con anterioridad como urbanos.

Finalmente, Barrier ha considerado que el Gobierno debe transferir la gestión del litoral a las Comunidades Autónomas y ha calificado la ley de "despropósito", ya que ni siquiera, ha dicho, hay manera de poder interpretarla correctamente en algunos de sus apartados.