El juez concluye que CDC se lucró con 5,1 millones del expolio del Palau de la Música

  • Según un auto del juez, CDC recibió comisiones de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública.
  • La constructora abonaba "por regla" el 4% del importe de la obra adjudicada.
  • Pagaba en efectivo a los tesoreros del partido, a través de facturas falsas y con convenios de colaboración.
  • El magistrado cierra la instrucción tras casi cuatro años de investigación.
  • No ha descubierto el destino de parte del dinero expoliado por la falta de colaboración de las entidades financieras.
  • CDC asegura que no cometió ninguna irregularidad.
  • Los abogados del Palau evitan acusar a Convergència.
Palau de la Música Catalana.
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El juez del 'caso Palau' ha concluido al finalizar la instrucción que Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) se lucró con 5,1 millones de euros del expolio al Palau de la Música con comisiones de la constructora Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública. Ahora, las acusaciones y las defensas tienen 30 días para presentar sus escritos antes de enviar la causa a juicio.

Casi cuatro años después de la irrupción de los Mossos en el Palau de la Música, el juez Josep Maria Pijuan ha dado por terminada la instrucción de la causa en un auto en el que ratifica la acusación contra los saqueadores confesos Félix Millet y Jordi Montull. El magistrado cifra en 26 millones de euros el espolio del Palau.

En el auto, el juez señala que, por parte de CDC, intervinieron en la trama el tesorero y responsable de finanzas de la formación, Carles Torrent —que falleció en marzo de 2005—, su sucesor en el cargo, Daniel Osàcar —imputado en la causa—, y el exdiputado Jaume Camps —también imputado—.

El magistrado remarca además que también intervinieron "otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat y otros organismos públicos locales, vinculados al partido, y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública" cuya identidad "no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción".

Con todo, el magistrado mantiene a CDC como responsable civil a título lucrativo por cobrar supuestamente a través del Palau comisiones de Ferrovial a cambio de "adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat".

Por otro lado, Pijuan lamenta en su auto "no haber conseguido averiguar el destino de una gran parte de los fondos", en parte, por la "falta de colaboración" de entidades financieras para saber el destino de cantidades en efectivo que se movieron mediante cheques al portador o reintegros por ventanilla y así lo comunicará al Banco de España.

El 4% del coste de la obra

Según el magistrado, Millet y Montull establecieron un acuerdo, que se inició al menos en 1999 y se prolongó hasta 2008-09, con los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga —también imputados—, y con los cargos de CDC imputados para que la formación recibiera comisiones, a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública por parte de la Generalitat y entidades públicas.

En el auto, el juez concreta que en total CDC recibió 5.187.199 euros de parte de Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la construcción de la Ciudad de la Justicia (con un presupuesto de 263 millones de euros); de varios tramos de la línea 9 del metro de Barcelona por valor de 890 millones; del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), por 4,1 millones de euros; y del revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro, por 2,6 millones de euros.

En concreto, según el juez, Ferrovial abonaba "por regla general" una comisión del 4 por ciento del importe de la obra pública adjudicada, de forma que el 2,5% iba a parar a CDC y el 1,5% restante a Fèlix Millet —que se quedaba el 80 % de esta parte— y Jordi Montull —el 20 % restante—.

El pago de comisiones de Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música se articuló, según el juez, de tres formas distintas: mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, a través de la facturación mendaz por entidades mercantiles que se prestaron a ello y con convenios de colaboración aparentes suscritos entre la Associació Orfeó Català y la Fundació Orfeó Catalá con la Fundación Trias Fargas (actual Catdem), directamente vinculada a CDC.

En concreto, según el auto, entre 2000 y 2007 Ferrovial pagó directamente 2,3 millones de euros a los tesoreros de CDC Carles Torrent (570.961 euros) y Daniel Osàcar (1.743.533 euros). Entre 2004 y 2009, Convergència también recibió comisiones de Ferrovial a través de la facturación falsa emitida por varias empresas que se prestaron a ello, por un valor total de 2,2 millones de euros.

Según el auto, por este procedimiento de facturas falsas CDC recibió de Ferrovial 982.583 euros de las empresas de buzoneo New Letter y Letter Graphic y su matriz Mail Rent entre 2007 y 2009; 190.778 euros de Altraforma entre 2006 y 2007; 824.299 de Hispart entre 2004 y 2008; y 237.389 de Publiciutat entre 2006 y 2007. Además, CDC percibió entre 1999 y 2008 un total de 630.655 euros a través de siete "aparentes convenios de colaboración cultural" entre la Associació Orfeó Catalá y la Fundació Orfeó Català con la Fundación Trias Fargas (actual Catdem).

Según el auto, este "flujo de fondos" entre 2000 y 2009 de Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música "obedecía al pago de comisiones por adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat u otros organismos públicos" y se realizó a través de un "acuerdo a tres bandas" en el que Millet y Montull aceptaron que el Palau de la Música actuara para encubrir los donativo.

CDC defiende su inocencia

Convergència Democràtica de Catalunya ha vuelto a negar este martes cualquier irregularidad y vinculación de CDC con el expolio del Palau de la Música y no ve base sólida en los indicios que han llevado al juez del caso a concluir, al finalizar la instrucción, que el partido se lucró con 5,1 millones.

"A nuestro entender, los indicios que ahora determina el juez no tienen una base sólida y son una reiteración del escrito extraprocesal hecho por el fiscal hace unos días. No obstante, y tal como hemos hecho desde el principio de la causa, desde CDC se seguirá colaborando con la justicia", explica un comunicado.

CDC respeta pero no comparte las conclusiones "indiciarias" del magistrado en la interlocutoria que cierra la instrucción de este procedimiento. "Reiteramos que ni CDC, ni la Fundación CatDem, ni ninguna persona con relación orgánica con nuestro partido, se han lucrado nunca ni del Palau de la Música ni de las instituciones que dependen de él", señala el partido en su comunicado.

En este sentido añade: "Defenderemos nuestra actuación con todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance, con el convencimiento de que no ha habido ninguna irregularidad, como así también lo acredita el principal perjudicado, el Palau de la Música, a través de un escrito entregado al juez instructor".

Escrito a su favor

Precisamente este martes ha trascendido que la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música ha remitido un escrito al juez que investiga el saqueo de la entidad en el que acusa a la antigua cúpula pero evita implicar a CDC, partido al que el fiscal responsabiliza de haberse llevado 6,6 millones en comisiones.

Según informa El Periódico, para los abogados del Palau los únicos responsables del desfalco de la entidad musical y de las irregularidades cometidas son su expresidente, su mano derecha, su hija Gemma y otros doce directivos y empleados, entre ellos la exdirectora general de la Fundació Rosa Garicano y las esposas de Millet y Montull.

En el escrito, los letrados relatan que Millet y Montull efectuaron un desvío y "apropiación continua de fondos" del Palau con los que habrían realizado lujosas obras en sus domicilios particulares, así como numerosos viajes de ocio, y habrían pagado gastos propios y de sus familiares.

El Palau sostiene que Millet y Montull probablemente desviaron fondos del patrocinio de Ferrovial en favor de terceras empresas que emitían facturas por servicios inexistentes, pero elude precisar que estas tuvieran relación con CDC.

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