La amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno apenas ha permitido que un 3% de la evasión total del país haya aflorado a la superficie. Es decir, "el 97% de la evasión sigue manteniendo sus activos ocultos", según denuncia el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha. En su opinión, la medida de regularización diseñada por el ministro Montoro recaudó menos de la mitad de lo estimado inicialmente, 1.195 millones frente a 2.500 previstos.

En marzo de 2012 el Ejecutivo dio luz verde a un "gravamen especial" con el que se aplicaba un impuesto del 10% a todas aquellas rentas y capitales que permanecieran ocultas a la Hacienda Pública. Además, había un gravamen específico del 8% para los dividendos y participaciones en beneficios de fuente extranjera que se repatriaran.

A la escasa recaudación de la amnistía (que afectó principalmente a los ejercicios de 2008 a 2010) se ha unido, en opinión del colectivo de subinspectores de la Agencia Tributaria, el efecto desincentivador de esta medida sobre aquellos que cumplirían con el fisco de manera voluntaria. Así, junto a lo recaudado por la amnistía se han obtenido 350 millones "por otros impuestos relacionados con las bases afloradas pero excluidos de la amnistía, como el impuesto de patrimonio y el IVA", explican desde Gestha.

Pese a esos ingresos extra, los datos oficiales muestran un descenso del 27,5% en la recaudación por declaraciones complementarias (aquellas que añaden datos olvidados o no contemplados en ejercicios pasados). 726 millones en 2012 frente a los 1.001 millones de 2011. Ya tras el anuncio de esta medida "extraordinaria" tanto los subinspectores como los inspectores de Hacienda alertaron del daño que podría hacer esta operación en la lucha contra el fraude fiscal.

Tal como muestran los datos hechos públicos por Gestha, Madrid y Cataluña aglutinan dos de cada tres euros (el 64%) que se han regularizado tras la amnistía fiscal. Los dos principales polos económicos del país suponen más de 760 millones de los casi 1.200 recaudados, "a gran distancia de otras autonomías como Comunidad Valenciana (124 millones), Andalucía (65 millones) y Galicia (44).

"En todo el país la adhesión de los contribuyentes a esta medida fue poco representativa, debido en gran medida a la confianza en mantener oculto el patrimonio en paraísos fiscales", explican desde el sindicato de técnicos tributarios. Especialmente reducida fue la incidencia de la amnistía en Navarra y País Vasco, las dos comunidades que tienen una hacienda propia. Entre ambas apenas se recaudaron 400.000 euros, ya que sus respectivos ejecutivos autonómicos no aprobaron una solución similar.

Cada año se escapan del control de la Agencia Tributaria unos 42.000 millones de euros, según cálculos de Gestha. Un fraude que en su mayoría provocan los grandes pratimonios y las corporaciones empresariales. Es a la luz de esta realidad que tanto técnicos como inspectores reclaman más medios económicos y humanos para combatir el gran fraude.