El flamante presidente de Ecuador, Rafael Correa, asumió la presidencia de Ecuador agradeciendo al Gobierno y al pueblo español por su solidaridad con las familias de los dos ecuatorianos muertos en el último atentado de los "criminales de ETA".

"Quiero presentar mi más profundo agradecimiento al hermano pueblo español, a su Alteza Real, el Príncipe de Asturias; al presidente del Gobierno español, señor Rodríguez Zapatero", señaló Correa, durante su discurso de investidura en el Palacio Legislativo de Quito.

El mandatario ecuatoriano ofreció su agradecimiento, "no sólo por la acogida a los centenas de miles de ecuatorianos que viven en ese país hermano, sino por la increíble solidaridad, mucho más allá de lo que debieron hacer, en la última tragedia que vivimos" en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde murieron dos ciudadanos de Ecuador en un atentado de ETA.

En ese atentado, perpetrado el pasado 30 de diciembre , "la irracionalidad de los criminales de ETA cortó la vida de dos ecuatorianos en Madrid", dijo Correa, al recordar a las víctimas, Carlos Palate y Diego Estacio.

"Muchas gracias por ese apoyo, su majestad (Felipe de Borbón, presente en la ceremonia de investidura), muchas gracias al Gobierno español, muchas gracias a toda España", reiteró el presidente ecuatoriano.

El príncipe visitó a familiares de Carlos Palate para expresarle sus condolencias.

Correa, aseguró que ha logrado reunir en su gabinete a un grupo de "mentes lúcidas y corazones ardientes para recuperar la Patria".

Tras tomar juramento a sus ministros, el nuevo mandatario dijo que ha empezado una nueva historia para su país, en el que emprenderá "un cambio radical". Ese "cambio radical", insistió, se sustentará en la convocatoria a una

También justificó que la convocatoria a la consulta popular para la Constituyente haya sido comunicada al Congreso, pese a que muchos de sus seguidores consideran que se debe marginar a la Cámara, una institución desprestigiada en su país.

Entre los argumentos para convocar la consulta, el decreto señala que la Constitución vigente tiene "defectos sustanciales", como por ejemplo, "su carácter patrimonialista y corporativista, la ausencia de espacios para la colaboración armónica que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo".