El repago de fármacos de dispensación hospitalaria ha abierto de nuevo la brecha entre comunidades autónomas después de que más de la mitad de ellas, por diferentes motivos, hayan decidido no aplicarlo, lo que, según el Gobierno, puede poner en peligro la "equidad" entre los ciudadanos.

La medida, que entrará en vigor el 1 de octubre, afecta a un grupo de fármacos (43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes) destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C), que deberán abonar un 10%, con un tope de 4,20 euros.

El motivo de que se dispensen en las farmacias de los hospitales es su alto precio (en algunos casos pueden alcanzar los 40.000 euros anuales) o la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento.

En el Ministerio de Sanidad no disponen de datos sobre el número de pacientes a los que puede afectar la medida, ni tampoco han realizado estimaciones sobre el ahorro que puede generar, ha asegurado Agustín Rivero, director general de Farmacia.

"La palabra ahorro no es la adecuada, es equidad, en el sentido de que si el hipertenso o el diabético paga parte de la receta en su farmacia, también se deben pagar los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales", ha explicado.

Los motivos que esgrimen las comunidades autónomas para no aplicar la medida son variados.

Por un lado, están las que alegan problemas de infraestructura, ya que sus sistemas informáticos no están preparados para realizar el cobro, y, por otro, las que se oponen frontalmente a la medida, algunas de las cuales han anunciado ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, como Andalucía o Canarias.

Mientras tanto, el Ministerio recuerda que este repago estaba previsto en el Real Decreto Ley de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado en abril de 2012, y advierte a las comunidades de que la ley hay que cumplirla.

No obstante, se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo con los responsables autonómicos para "ajustar un poco más los tiempos", con el objetivo de que las comunidades lo apliquen "en función de sus disponibilidades", ha señalado Rivero.

El director general ha querido dejar claro que este repago no va a afectar a pacientes no ingresados que acuden a los hospitales a recibir su tratamiento como, por ejemplo, los enfermos oncológicos sometidos a ciclos de quimio. "En este caso el pago es cero", ha subrayado.

Rivero ha incidido en la necesidad de que la medida se empiece a aplicar "lo antes posible" para que "haya equidad" en el sistema sanitario, aunque ha explicado que en una próxima reunión con las autonomías se va a intentar llegar a un acuerdo "sobre un límite de tiempo".

Además de Andalucía (PSOE) y Canarias (CC y PSOE), otras comunidades ya han manifestado abiertamente su decisión de no aplicarlo, como Cataluña (CiU), que considera que la medida apenas supondrá un ahorro de medio millón de euros, o Baleares (PP), que rehúsa ponerla en marcha en tanto "no haya unas directrices claras, concretas y obligatorias".

Asturias (PSOE) y País Vasco (PNV) no van a aplicar una medida con la que no están de acuerdo y que tampoco gusta a Navarra (UPN), aunque esta comunidad "buscará alternativas para paliar sus efectos" si entra en vigor.

El representante del Ministerio ha insistido en que "la ley está para cumplirla" y ha advertido de que si hay comunidades que consideran que no deben aplicarla, "el Gobierno establecerá los cauces adecuados".

"Queremos que sea lo más rápido posible, pero no se pone plazo", ha insistido el director general de Farmacia, quien ha adelantado que va a enviar una carta a todas las Consejerías para instarles a que comiencen a desarrollar sus sistemas para hacer factible la aplicación del repago.

Aunque en la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla y León (todas ellas gobernadas por el PP) aducen razones logísticas para no aplicar el repago, algunos de sus responsables políticos han mostrado ciertas reticencias a la medida. Es el caso del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha manifestado su intención de dirigirse al Gobierno central para que "no llegue a aplicarse la medida".

Su homólogo riojano, el también popular Pedro Sanz, ha defendido una implantación "coordinada" entre todas las comunidades.

El resto de autonomías con gobiernos populares, como Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y Murcia han asegurado que lo aplicarán.

El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha asegurado que la comunidad comenzará a aplicar el repago de fármacos de dispensación hospitalaria tan pronto realice las adaptaciones necesarias en los servicios de farmacia de los hospitales.

El consejero madrileño ha hecho hincapié en que se trata de "una norma obligatoria, de obligado cumplimiento", con lo que la comunidad la aplicará. "No obstante —ha precisado—, esto significa una adaptación y la introducción de algunas adaptaciones necesarias en los servicios de farmacia de los hospitales, tanto informáticas como en la organización del trabajo, que nos van a llevar algún tiempo". "Tan pronto como podamos realizarlas —ha proseguido—, empezaremos a aplicar lo que es una norma de obligado cumplimiento".

La medida ha sido contestada también por partidos políticos como PSOE e IU, organizaciones sociales y asociaciones de pacientes y de profesionales, unas críticas que han "sorprendido" al Ministerio que lleguen en este momento y no en abril cuando se aprobó el Real Decreto.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicesecretaria general, Elena Valenciano, ya manifestaron su rechazo el mismo día de la publicación de la resolución en el BOE, y ha pedido la comparecencia de Ana Mato en el Congreso para que dé explicaciones sobre esta medida.

También preocupa el tema a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien ha asegurado tener "pendiente una recomendación a Sanidad en este campo".

Entidades científicas como la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), representantes de la profesión médica y organizaciones como la asociación española de afectados de psoriasis y familiares (Acción Psoriasis), la Federación Española de Cáncer de Mama o el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) han mostrado su "rotundo" rechazo a la medida.