La petición de cuatro años de prisión para el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, por parte de la Fiscalía Anticorrupción es el último paso en el tortuoso laberinto que comenzó el 22 de julio de 2011. Ese día, la caja alicantina, buque insignia de la provincia, fue intervenida por el Banco de España ante su situación de insolvencia. El antiguo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fue muy gráfico: la CAM era "lo peor de lo peor".
¿A qué se refería MAFO? A una combinación explosiva. Por una parte, a las polémicas dietas de sus exdirectivos, multiplicadas de forma exponencial de espaldas a la asamblea general, y por otra a la gestión, muy expuesta al boom inmobiliario y subordinada a los intereses políticos del Gobierno valenciano, a quien financió proyectos controvertidos como la Ciudad de la Luz, Terra Mítica o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. A ello hay que unir las escandalosas prejubilaciones aprobadas por los altos directivos poco antes de ser destituidos.
Este saqueo, confirmado por el propio Banco de España tras tomar las riendas de la entidad, afectó incluso a la Comisión de Control, el organismo que teóricamente debía vigilar que no se produjeran excesos. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para el que fue su presidente, Juan Ramón Avilés, por supuestas irregularidades en la concesión de créditos por valor de 17 millones de euros.
La CAM, como Bancaja y el Banco de Valencia, acabó absordiba por otra entidad, en este caso el Banco Sabadell, tras ser intervenida por el Estado con fuertes cantidades de dinero público ante su situación de insolvencia.
Este cóctel explosivo de ladrillo y créditos con objetivos políticos empezó a detonar de julio de 2011, cuando el Gobierno nacionalizó la CAM al aportar 2.800 millones de euros en capital y 3.000 en liquidez. Sus gestores fueron expulsados y gran parte de ellos están ahora inmersos en procesos judiciales.
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