El Ministerio de Hacienda ha advertido de que la cifra que deberá reintegrar el Gobierno español después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) haya declarado ilegal el céntimo sanitario será "sensiblemente inferior" a los 13.000 millones de euros que se recaudaron por esta figura tributaria en los años en que estuvo en vigor.

Las mismas fuentes recordaron que los 13.000 millones de euros son, por tanto, el importe que se ingresó por este concepto mientras estuvo vigente, pero no todo se podrá devolver a los contribuyentes, ya que, por un lado, una parte ya está prescrita y, por otro lado, la devolución se hará a quienes lo reclamen y después de las pertinentes comprobaciones de la Agencia Tributaria, inspecciones que llevará su tiempo realizar.

Además, dijeron que lo que ha fallado el TUE es una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después de que una asociación de transportistas de esta comunidad denunciara por ilegal el céntimo sanitario, por lo que deberá será dicho tribunal, según Hacienda, el que determine ahora quién, cómo y cuándo se debe reintegrar el dinero.

Por todo ello, el Gobierno español considera que el cumplimiento de la sentencia del tribunal europeo llevará varios años y es probable que se alargue "significativamente", también porque el resto de tribunales superiores de Justicia o los tribunales económico-administrativos de las otras 12 comunidades en las que se aplicó el 'céntimo sanitario' pueden iniciar, igualmente, la reclamación que estimen oportuna.

Por su parte, las asociaciones empresariales de transportistas calculan que el sector podría obtener una devolución de hasta 2.300 millones de euros por los importes indebidamente recaudados.

En una nota, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) adelanta esta cifra y destaca que el TUE ha confirmado sus criterios jurídicos y ha concluido que no cabe la limitación temporal de los efectos de la sentencia.

Ante el fallo, la federación calcula que las cifras unitarias que cada vehículo de transporte podría reclamar correspondientes a los últimos cinco años ascienden a 16.000 euros en el caso de un camión y a 14.000 euros en el de un autobús. En total, el importe podría alcanzar los 2.300 millones.

"A partir de este momento será necesario iniciar una valoración jurídica sobre el camino a recorrer, así como valorar la situación de los procedimientos ya iniciados contra la administración y los nuevos cauces jurídicos que puedan plantearse respecto de aquellos que no hubieran presentado con anterioridad a la sentencia reclamación alguna", señala.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia está desautorizando" a la Comisión Europea (CE), que fue quien autorizó al Gobierno y a las comunidades autónomas a implantar esta medida.

Montoro indicó, en declaraciones en el Congreso de los Diputados, que la implantación de este recargo en el Impuesto de Hidrocarburos, destinado a gastos sanitarios, se hizo tras consultar con la Comisión Europea, por lo que mostró su sorpresa acerca de que ahora el TUE entienda que no se ha atenido a la ley.

"Somos Europa y acatamos completamente la sentencia, pero quiero recordar que la implantación se hizo tras consultar con la Comisión", reiteró el titular de Hacienda, tras insistir en que la decisión del TUE no compete sólo al Gobierno español, sino que la CE también tiene su "cuota correspondiente de responsabilidad".

En cuanto al importe que deberá devolver España, Montoro dijo que habrá que evaluar dicha cifra, al igual que se ha hecho con la devolución de las ayudas del 'tax lease', pero indicó que aún no es posible facilitarla porque hay que ver primero la amplitud de a quienes afecta. Por último, recordó que se trata de un recargo tributario que ya no se está aplicando porque España lo integró en el Impuesto sobre Hidrocarburos desde el 1 de enero de 2013.

El consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, ha advertido de que el Govern "no está dispuesto" a asumir las posibles indemnizaciones tras la sentencia.

"No estamos en condiciones de sacar dinero a la sanidad para corregir errores de diseño que no hicimos nosotros", ha declarado a los periodistas en los pasillos del Parlament, ha recordado que fue el Gobierno central quien creó este gravamen en 2002, y ha confiado en que sea el Ministerio de Hacienda el que lidere la reacción a la sentencia.