Elpidio Silva, entre un proceso "patraña", una incipiente carrera política y la inhabilitación judicial

Acompañado por su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, y por decenas de preferentistas y simpatizantes del llamado Movimiento RED, el juez Elpidio José Silva ha vivido este lunes su primer día del juicio oral. Este proceso determinará si efectivamente prevaricó cuando envió a prisión condicional, hace menos de un año, al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en relación a la compra del banco estadounidense City National Bank of Florida (CNBF).

El magistrado, suspendido cautelarmente por el poder judicial, entró a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla aclamado y aparentemente confiado en su inocencia, aunque la Fiscalía reclame una inhabilitación de 30 años para él. "Estoy tranquilo porque se trata de una patraña que atenta contra mis derechos fundamentales y mis libertades", ha proclamado, al tiempo que ha vinculado su precaria situación a su inminente entrada en la vida política, toda vez que espera ser cabeza de lista para las europeas de la formación política RED.

Silva ha intentado en varias ocasiones pedir la nulidad del juicio, y ha reclamado un aplazamiento con el fin de preparar mejor su defensa. Ante los continuos rechazos a estas propuestas, este mismo lunes el abogado del juez ha presentado por sorpresa su renuncia a defenderle. Este movimiento espera hacer ganar 10 días al magistrado, que tendría así que encontrar en un plazo de 10 días a un nuevo representante legal. La Fiscalía ya ha calificado la maniobra de "nuevo fraude de ley" del juez suspendido, mientras que los abogados de Miguel Blesa y del empresario Gerardo Díaz Ferrán lo han tildado, respectivamente, de "pirueta absolutamente previsible" y un "insulto a la inteligencia". Éstas son algunas respuestas a las principales preguntas del caso:

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto juicio oral contra el juez Silva después de que en la fase de instrucción se encontraran suficientes indicios de sendos delitos contra la libertad individual, de prevaricación y de retardo malicioso de la justicia. Según el instructor, quedaron constatados "con carácter indiciario" los hechos denunciados previamente por el fiscal, referidos a que el juez acusado reabrió de forma "improcedente"el caso que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al empresario Gerardo Díaz Ferrán.

En noviembre de 2011, Silva reabrió dicho caso, a instancia del sindicato Manos Limpias (que no estaba siquiera personado en la causa) y "sin dato nuevo alguno que lo justificase", según consta en el auto de apertura de procedimiento abreviado. Él mismo había archivado el caso dos años antes, de la que posteriormente se desgajó la pieza separada relacionada con la compra del banco de Miami por parte de Caja Madrid, operación por la que Blesa acabó en prisión. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, es ilegal la reapertura de una causa sin motivos justificados, y los mismos no pueden sumarse a la causa a posteriori. No fueron las únicas irregularidades de la instrucción, tal como señalan los autores del blog jurídico de Eldiario.es, si bien Silva ha negado cualquier tipo de error en su instrucción.

Dentro de las diligencias reclamadas durante su investigación, muchas de las cuales fueron tramitadas como providencias (un método que no precisa de motivación) Silva ordenó la intervención de los correos electrónicos, así como todo su contenido. La filtración posterior de estos emails dio a conocer numerosos detalles sobre las operaciones internas de Caja Madrid y la propia vida privada de Miguel Blesa. Precisamente esta publicación de correos también ha supuesto la apertura de una investigación judicial. El Código Penal contempla penas de entre uno y cuatro años por esta infracción.

La norma española define delito de prevaricación el de aquel funcionario o autoridad pública que dicta una resolución injusta "a sabiendas de su injusticia". Está penado con inhabilitación especial para el empleo o cargo público de 7 a diez años. La supuesta prevaricación tendría su origen, según declaró Miguel Blesa, en una animadversión personal del magistrado hacia él. Silva, que ha negado en todo momento ningún tipo de enemistad personal, sí que ha denunciado públicamente la existencia de una trama delictiva en Caja Madrid, y ha pedido investigarlo todo, ya que "delito societario también es prestar mal el dinero, comprar mal los inmuebles o comprar bancos de una manera extraña".

Son dos en concreto: Una referente al auto de prisión con fianza del 22 de mayo de 2013. La medida, solicitada entonces únicamente por el sindicato Manos Limpias (que no estaba personado), no sería para la acusación tan solo un error administrativo o de procedimiento, sino un indicio razonable de que Silva quería enviar a Blesa a prisión a pesar de que no contaba con motivos suficientes para ello.

Otra decisión de Elpidio Silva, del 5 de junio de 2013, supuso una nueva entrada de Blesa en prisión, esta vez sin fianza. Según el juez que instruye la causa contra el magistrado, éste volvió a encarcelarle sin siquiera haber resuelto aún la devolución por parte de Blesa de la fianza. "Estos hechos exceden o tienen un plus sobre las distintas faltas imputables a jueces y magistrados", añadió el TSJM.

Desde antes incluso de que Blesa ingresara en prisión, la actuación del juez Silva estuvo sometida a un fuerte escrutinio público, y a medida que ganaba notoriedad mediática se le fueron sumando tanto apoyos como críticas a su labor judicial. En la entrevista que concedió a este diario tildó la querella de "disparatada" ya que le acusaban de haber malinterpretado los correos internos de Caja Madrid y de retrasar la causa maliciosamente, algo que han negado los secretarios judiciales.

Pese a que le han sido admitidas dos recusaciones de jueces, el magistrado ha declarado sentirse "atropellado e indefendido" por las decisiones del tribunal y sus maneras amenazantes, al tiempo que su caso no es sino un "aviso a navegantes" para otros jueces. Ha asegurado que la causa por la que le juzgan es nula y ha vinculado las decisiones del mismo con la intención de desactivar su candidatura a las próximas elecciones europeas como cabeza de lista de Movimiento RED, formación con la que ya ha mostrado su intención de acudir a las urnas.

Al contrario. En julio de 2013 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobiernos de los jueces, suspendió a Elpidio Silva por la supuesta comisión de dos faltas muy graves y otra grave. En todos los casos por asuntos ajenos al llamado caso Blesa. Una de las faltas muy graves fue por falta de motivación exigible y la otra por desatención continuada. La grave tuvo su origen en una "desconsideración hacia el Ministerio Fiscal". El juez Silva interpuso una querella por prevaricación contra el instructor de este expediente, si bien el Supremo la rechazó.

En marzo, Elpidio Silva pidió la excendencia voluntaria al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poder ser candidato en las elecciones europeas. Después de acercamientos no culminados con nuevas formaciones como el Partido X, el propio juez decidió impulsar una plataforma electoral, a través del llamado Movimiento RED (Renovación Democrática Ciudadana). Este partido de nuevo cuño (ver programa) tiene entre sus prioridades la lucha contra la corrupción y la regeneración política en España, mediante un regreso a "una Europa de las personas".