La Agencia Tributaria de Cataluña confirma, en el último informe que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que fue Iñaki Urdangarin quien actuó "con engaño" ante Hacienda para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008, y no las empresas que le retribuyeron por servicios de asesoría, como defiende el Duque de Palma.
Mediante un extenso informe al que ha tenido acceso Europa Press, la AEAT recalca cómo "el incumplimiento de la obligación de retener" resulta "claramente achacable" al marido de la infanta Cristina, e incide de forma tajante en que esta actuación irregular "no fue precisamente ideada por las empresas, sino por el propio Urdangarin".
Con esta pericial, el juez Castro cuenta con conclusiones más precisas en las que basarse de cara a incluir al yerno del rey don Juan Carlos en el auto con el que pondrá fin a la instrucción de la causa y decidir, por ende, si también mantiene la imputación de la propia hija del rey como cooperadora de los delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, imputan dos delitos fiscales a Urdangarin en lo que al IRPF se refiere al apuntar que el imputado percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de Aizoon —empresa de la que es copropietario junto a la Infanta— con el fin de tributar menos en su declaración de la renta.
La tesis de Urdangarin pasa, sin embargo, por defender que las empresas que le abonaron las retribuciones "no actuaron con la diligencia debida en el momento de presentar su declaración, dejando de practicar la correspondiente retención sobre los presuntos rendimientos abonados". Una circunstancia contraria, aseveraba, a lo establecido en el artículo 99.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Suspendida la citación de tres testigos de Telefónica
Por otro lado, el juez Castro ha suspendido este miércoles las declaraciones de tres testigos vinculados a Telefónica que estaban previstas para el 31 de mayo, en relación con una supuesta transferencia bancaria de 12 millones por parte de dicha compañía, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Tras un recurso presentado por el fiscal Pedro Horrach en el que se oponía a las citaciones, el magistrado de Instrucción número 3 de Palma ha dictado un auto en el que cancela las tres citaciones de los directivos y mantiene la del ciudadano particular vinculado a dicha supuesta operación bancaria sobre la que se investiga si guarda relación con el caso Nóos.
El juez accede "por contrario imperio" a dejar sin efecto "de momento" la citación a declarar como testigos de Enrique Medina, director de la Asesoría Jurídica de Telefónica España; Santiago Fernández, letrado o alto ejecutivo de la compañía de España S.A. y la también letrada o alta ejecutiva de dicha empresa Ana Zaforas.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona abrió diligencias después de que un empresario denunciase que recibió por error en un banco de la ciudad ucraniana de Odessa, donde tenía negocios, una transferencia de 12 millones de euros ordenada por la compañía de comunicaciones y que él sospecha que tenía como destinatario a Urdangarin.
El empresario aseguró que rechazó dicha transferencia y también los gastos bancarios que implicaba. El juez Castro decidió investigar la transferencia, solicitó información a Telefónica y la entidad bancaria a través de la cual se llevó a cabo supuestamente la operación y citó a declarar al empresario que denunció el caso Juan José López Ribes y a los tres directivos de Telefónica.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios