El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

Así lo ha decretado mediante un auto, conocido como pase a procedimiento abreviado. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma considera a la Duquesa cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma —como rendimientos de actividades económicas— las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.

Castro considera que hay "sobrados indicios" de que la infanta Cristina ha intervenido en la presunta trama corrupta "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido" Iñaki Urdangarin mediante una "colaboración silenciosa".

También da el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado. El Duque se enfrenta a un proceso penal como presunto autor de 24 delitos: el instructor atribuye al esposo de la infanta Cristina cinco delitos de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias por los contratos que Nóos suscribió con administraciones públicas.

El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50% de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.

El magistrado detalla que la intervención de doña Cristina fue mediante "colaboración silenciosa de su 50 % de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon". Dichos fondos "ilícitos" proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear, a los que se añaden el dinero que su marido no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales".

El juez asegura que "no debe pronunciarse" sobre "si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido" ni sobre los efectos penales que pudieran derivarse de ella.

Se da por concluida de este modo la fase de investigación de esta causa de presunta corrupción con un auto de 167 páginas contra el cual cabe presentar recurso en un plazo de 5 días y en el que pide a la Fiscalía y demás partes que formulen escritos de acusación en un plazo de 20 días contra los imputados.

El juez mantiene la imputación de 16 personas por supuesta malversación, prevaricación, falsedad, estafa, fraude a la Administración y a Hacienda y blanqueo.

Después de haber tomado 44 declaraciones a una treintena de imputados a lo largo de la instrucción, el juez Castro ha discriminado quiénes continúan imputados y ahora la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares personadas en la causa deberán solicitar la apertura del juicio oral y formular las peticiones de penas contra ellos.

Entre los imputados figuran Urdangarin, la infanta Cristina, el exsocio del duque de Palma Diego Torres y su mujer Ana María Tejeiro, y sus hermanos Miguel y Marco Antonio Tejeiro; el expresidente del Govern balear Jaume Matas; el ex director general de Deportes, José Luis "Pepote" Ballester; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, y el ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón y la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.

El auto sobresee provisionalmente la causa respecto a García Revenga, que fue tesorero del Instituto Nóos y fue imputado en enero de 2013. García Revenga fue designado tesorero por su amistad de más de quince años con Urdangarin, que aseguró al juez que no recordaba que el secretario de las infantas tuviera "ninguna participación" como tesorero, ya que la contabilidad la realizaba otro cuñado de Torres, Marco Tejeiro, ni tampoco en "lo que era el día a día del Instituto Nóos".

El secretario de las infantas, que declaró el 23 de febrero de 2013 ante el juez, fue designado tesorero por su amistad de más de quince años con Urdangarin.

En su auto, el juez se defiende frente las críticas vertidas "desde altas instancias institucionales, políticas, mediáticas e incluso judiciales" que han calificado su instrucción de demasiado larga. Afirma que no ha acordado ninguna diligencia inútil que "a priori" creyera inútil para la averiguación de los hechos.

Castro recuerda que abrió la investigación el 20 de julio de 2010 y niega que su labor haya permanecido inactiva ni siquiera antes situaciones que podrían haberlo motivado como la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia o la emisión por la Agencia Tributaria de los informes que se le solicitaron.

"Muy al contrario, se han utilizado días y horas que, en otro caso, serían inhábiles para la práctica de actuaciones judiciales concentrándose en ellas el mayor número posible de diligencias", recuerda Castro, sin duda en alusión a las citaciones en sábado de los principales imputados.