Soriano asegura que el Govern se comprometió a financiar Spanair hasta hallar un socio inversor

El expresidente de Spanair Ferran Soriano ha dicho este martes que la financiación de la aerolínea estaba asegurada hasta diciembre de 2011, ya que el gobierno catalán se comprometió a financiarla hasta conseguir un socio inversor, y por eso no presentó concurso de acreedores hasta enero de 2012.

Este martes, dos años y medio después de la quiebra de la aerolínea, ha arrancado el juicio por el concurso de Spanair en el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona. La Fiscalía pide al consejo de administración de Spanair 72 millones de euros, porque considera que estaba en situación de insolvencia por imposibilidad de atender regularmente sus obligaciones de pago desde 30 de junio de 2011, pero retrasó cinco meses la solicitud de concurso, lo que agravó la situación.

Durante su declaración, Soriano ha dicho que la aerolínea tenía asegurada la financiación hasta diciembre de 2011, ya que la compañía pública Advançsa se había comprometido a financiar las operaciones de Spanair hasta que la entrada del inversor, Qatar Airways, se hiciese efectiva, tras la firma del memorándum de intenciones firmado en noviembre de 2011.

Finalmente, el acuerdo no se cerró por el miedo de la compañía qatarí al daño "reputacional" que la denuncia presentada por las aerolíneas de bajo coste pusieron ante la UE por ayudas públicas, y las negociaciones con la compañía china HNA precisaban más tiempo, pero cuando Advançsa pensó que la búsqueda de socio requería más financiación decidieron dejar de aportarla.

El 27 de enero de 2012, la Generalitat decidió retirar el apoyo financiero a Spanair, lo que provocó el cese de actividad, dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros, el 30 de enero presentó concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros y anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.075 trabajadores.

Soriano ha insistido que el compromiso de financiar Spanair por parte de la Generalitat constaba por escrito y ha asegurado que la compañía no era insolvente, que en 2011 realizó pagos por 759 millones, 44 de ellos fuera de plazo, lo que demuestra que la compañía pagaba a sus proveedores y ha insistido en que "si la compañía hubiera sido insolvente no hubiera podido funcionar".

Sin embargo, ha asegurado que en mayo de 2011 el consejo se planteó como una posibilidad pedir el concurso de acreedores si no recibía más aportaciones, pero que no se hizo porque se recibieron 56 millones de financiación con la entrada de Advançsa, mediante un préstamo participativo, y empezó a liderar el proyecto para buscar un nuevo socio y puso un observador en la gestión de la compañía.

Soriano ha respondido que las tasas aeroportuarias de mayo y junio, por un importe de unos 12,8 millones de euros, no se pagaron a Aena porque eran unos pagos que no eran exigibles de manera inmediata y se estaban negociando con el proveedor. El exdirectivo de Spanair ha achacado el no haber pagado este dinero a Aena, pese a tener 18 millones de euros en caja a 30 de junio, a que había otros pagos más urgentes por la situación general de la industria y ha puesto como ejemplo que el precio del fuel fue 54 millones más costoso ese año que el anterior.

Ha insistido en que Aena tenía un interés "absoluto" en la supervivencia de Spanair porque era un cliente y el objetivo era traer al aeropuerto vuelos de largo radio, y ha asegurado que Aena les podía haber paralizado en cualquier momento la operativa de Spanair por impago de tasas y no lo hizo.

El exmiembro del consejo de Spanair Josep Maria Benet ha asegurado que habría sido "una irresponsabilidad" cerrar la aerolínea en el verano de 2011. "Mi moral no me permitiría cerrar la compañía en ese momento. En verano empezaba a ganar dinero, habría sido un sinsentido de enormes proporciones", ha afirmado.

Benet ha considerado que, después de un invierno de pérdidas, ese verano fue un momento boyante para la aerolínea: la Generalitat había prometido financiación y las negociaciones con Qatar Airways prosperaban para poner en marcha un hub en Barcelona, lo que "aumentaría el PIB de la ciudad en un 3%", según Soriano. Por el contrario, Benet ha asegurado que se encontraron con una situación de "insolvencia inminente" en enero de 2012 tras el cese de la financiación de la Generalitat y que fue entonces cuando era conveniente acudir al concurso de acreedores y no antes.

También ha declarado como testigo el que era secretario de Economía y Finanzas de la Generalitat, Albert Carreras, que formaba parte de la comisión interdepartamental que se encargó de "tener los ojos bien abiertos" para que los fondos públicos inyectados a la compañía se utilizaran convenientemente, según ha dicho él mismo en juicio.

Carreras ha explicado que las ayudas públicas a Spanair se mantuvieron hasta que estuvieron "convencidos de que financiarla un día más sería desperdiciarlos"; fue cuando Qatar Airways rompió las negociaciones para la adquisición de la aerolínea, y ha añadido que las nuevas conversaciones que emprendió Spanair con una compañía china HNA tenían un resultado incierto.

En sus conclusiones, la fiscal Raquel Amado recogía que en esa fecha la sociedad se encontraba "materialmente en situación de fondos propios negativos no reequilibrados" porque el mantenimiento en el activo de créditos fiscales por bases imponibles negativas de ejercicios anteriores no estaba justificado por las previsiones del plan de negocio.

Ferran Soriano ha recordado que el plan de negocio previsto por la compañía a partir del 2012 preveía una entrada de capital de 300 millones de euros, que se iban a repartir Qatar, 49%, y la Generalitat, el resto, que finalmente no se hizo. Sin embargo, para la fiscal, las previsiones "adolecían objetivamente de incertidumbre e inconcreción y eran, por tanto, incompatibles con los principios de prudencia y probabilidad razonable a beneficios futuros", principios a los que debe ajustarse la práctica contable referida.

Según el escrito, un indicio de que la obtención de beneficios futuros no se debía contemplar como una perspectiva probable a corto y medio plazo es que los socios privados de Spanair (Volcat 2009 SL), más allá de su inversión inicial, "en ningún momento llegaron a inyectar fondos mediante préstamos para financiar la compañía al modo en que sí lo hicieron los socios públicos (Avançsa) o semipúblicos (Fira de Barcelona)".

La fiscal pide que se inhabilitara a los miembros del consejo para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos años, la pérdida de derechos como acreedores concursales y que pagaran solidariamente los 72 millones, menos Karl Mats Erik Lönnqvist, que solo debería responder por seis millones.