Más de 30 detenidos, corrupción, pagos a funcionarios... las claves de la 'operación Enredadera'

La operación Enredadera que este martes desarrollaron agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha alcanzado las 32 detenciones, de las cuales 22 se han efectuado en Andalucía.

Supone la tercera fase de la denominada operación Madeja y ha sido dirigida por la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en 13 provincias españolas. Se ha desarticulado así una trama de pagos a funcionarios.

Esta operación tiene su origen en el Ayuntamiento de Sevilla, concretamente en las investigaciones del caso Mercasevilla, en las que surgieron otras pesquisas, referentes a la posibilidad de que el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño durante el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, pudiera haber recibido dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento de empresas como Fitonovo y Fiverde. Las dos primeras fases de la operación Madeja se desarrollaron entre julio y diciembre de 2013.

Entre los detenidos hay funcionarios de diputaciones, de la Junta de Andalucía, cargos políticos... Cuando Alaya levantó parcialmente el secreto de sumario el pasado mayo se supo que, según la Guardia Civil, el patrimonio de Castaño y su mujer se había incrementado de forma "no justificada" entre 2005 y 2012. El Instituto Armado considera que "parte de dicho incremento patrimonial podría provenir de ingresos opacos sin justificar y cuyo origen podría ser ilícito". A 1 de enero de 2005, su patrimonio era de 243.811 euros; el 1 de enero de 2012, de 1.055.208 euros.

Enrique Domingo Castaño fue imputado por Alaya por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público. También están implicados en el caso su mujer, la abogada Ana María Vaquero; el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo; y el exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.

En la segunda fase se detuvo a otras cinco personas, de las que entraron inicialmente en prisión tres. Se trata de José Antonio González Baró, hijo del dueño de Fitonovo; otro trabajador de esta empresa; dos funcionarios de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento hispalense; y un empresario ajeno inicialmente a Fitonovo. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), destituyó al director del Área de Parques y Jardines, Joaquín Peña, tras conocer su imputación en la Operación Madeja en diciembre de 2013.

De delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

La mayoría son funcionarios de la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura o de diputaciones provinciales de Jaén y Sevilla. Pero también hay empresarios, extrabajadores de Fitonovo, empleados de ADIF y cargos políticos: el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez Martínez (PP); y el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín.

Enredadera se ha puesto en marcha después de que el Instituto Armado descubriese que la empresa Fitonovo había creado una "red de contactos con funcionarios corruptos" que supuestamente facilitaban la obtención de contratos públicos.

No. La Guardia Civil ha llevado a cabo detenciones y registros en 13 provincias de siete comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid y Valencia.

La jueza Alaya prorrogó este lunes el secreto de sumario de la operación Madeja por decimosexta vez consecutiva. El primero se decretó en julio de 2013.