Los malos olores vuelven a repuntar en el vertedero de Valdemingómez

  • Así lo corrobora un nuevo informe encargado por los vecinos en 2014 a la empresa catalana Socioenginyeria.
  • El Defensor del Pueblo ha recibido cientos de reclamaciones por los malos olores, lo que ha supuesto la reapertura del expediente cerrado el pasado junio.
  • El delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Diego Sanjuanbenito, ha calificado de "acientífico" el informe de los vecinos.
Imagen del vertedero de Valdemingómez, en Madrid.
Imagen del vertedero de Valdemingómez, en Madrid.
Archivo / EFE
Imagen del vertedero de Valdemingómez, en Madrid.

Los malos olores a basura, aceite, biogás o ceniza que sufren los casi 40.000 vecinos del Ensanche de Vallecas procedentes del parque de tratamiento de residuos de Valdemingómez están volviendo a repuntar. Así lo corrobora un nuevo informe encargado por los afectados en 2014 a la empresa catalana Socioenginyeria, que concluye en su estudio olfatométrico que el hedor va de nuevo en aumento en la zona. "El estudio es concluyente con la situación del PAU: los malos olores están repuntando", confirma Rosa María Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos del PAU de Vallecas.

Esta situación ha provocado que los vecinos se hayan dirigido de nuevo a la oficina del Defensor del Pueblo poniendo cientos de reclamaciones, lo que ha supuesto que la institución ahora encabezada por Soledad Becerrill haya reabierto el expediente que cerró en junio del pasado año. Entonces, el Defensor del Pueblo no fue capaz de dirimir, ante la falta de recursos técnicos, quién tenía la razón: si el Ayuntamiento de Madrid o los vecinos. No obstante, instó a ambas partes a alcanzar una solución, aunque la última vez que el Consistorio se reunió con los vecinos fue en octubre de 2013.

"El Ayuntamiento presentó un informe que afirmaba que los malos olores se habían reducido en un 80%. En nuestro primer informe, sin embargo, se hablaba de una reducción más o menos de un 30%", explica Pérez. "Ahora el Defensor del Pueblo ha solicitado al Ayuntamiento que el informe sobre el estudio integral que el consistorio se comprometió a llevar a cabo hace más de un año", añade. Desde 2008, el Defensor del Pueblo viene alertando sistemáticamente a la corporación municipal para que tome medidas, ya que los olores afectan a los distritos de Puente de Vallecas y Vicálvaro y a municipios como Rivas, aunque en menor medida.

Este asunto fue llevado por Izquierda Unida al pleno del pasado 27 de enero. La formación preguntó al área de Medio Ambiente cuál era su valoración sobre la reapertura por parte del Defensor del Pueblo del expediente de queja por los persistentes malos olores en el Ensanche de Vallecas. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, señaló en su comparecencia que la situación de Valdemingómez "ha mejorado enormemente" en los últimos años y destacó que "el compostaje ya no se realiza al aire libre". Sanjuanbenito calificó además de "acientífico" el informe de los vecinos, algo que no ha sentado bien en el seno de la asociación. Para Raquel López, concejala y portavoz de Medio Ambiente de IU, el Ayuntamiento demuestra en este asunto una "absoluta insensibilidad con lo mal que lo están pasando los vecinos". "¿Por qué se construyeron más de 28.000 viviendas junto al vertedero de Madrid?", se pregunta.

El Parque Tecnológico de Valdemingómez está enclavado en la Cañada Real y recibe y trata alrededor de 4.000 toneladas de residuos al día procedentes de la capital. Cuenta con cinco plantas: tres en las que se llevan a cabo labores de compostaje para transformar la materia orgánica en abono natural, una para la extracción de biogás y otra que se encarga de la biometanización.

Preparan una demanda

La Asociación de Vecinos del PAU de Vallecas prepara una demanda contra el Ayuntamiento de la capital y las empresas que conforman el parque tecnológico. Para poder llevar este asunto a los tribunales, la asociación pondrá en marcha una campaña de crowdfunding (financiación popular) en la que pretenden recaudar entre 7.000 y 8.000 euros. Los vecinos ya han lanzado una campaña informativa por la zona y tienen previsto realizar una movilización a lo largo del mes de febrero.

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