El tranvía de Parla: claves del caso que ha supuesto la intervención del PSOE de Madrid

El tranvía de Parla se ha convertido en un peso muerto para Tomás Gómez. El hombre que logró ser el alcalde con mayor porcentaje de votos de España en un municipio de más de 50.000 habitantes se ha visto arrastrado por su proyecto estrella, cuyos sobrecostes han dejado al ayuntamiento casi en la quiebra.

Policía y Fiscalía investigan si Gómez, su sucesor —José María Fraile, encarcelado por la Operación Púnica— y los concejales del equipo de gobierno cometieron prevaricación y malversación de caudales. Estas pesquisas, unidas a las peleas internas que mantienen los socialistas de Madrid, han dado al traste con el PSOE regional, intervenido por una gestora desde este miércoles por orden del secretario general, Pedro Sánchez.

Estas son las claves del caso.

Es un trazado circular con 8,3 kilómetros de longitud y 15 paradas que comunica el centro de la ciudad con el nuevo barrio de Parla Este y los bulevares norte y sur. Sus convoyes son de color verde. La concesión es a 40 años.

Tomás Gómez, alcalde desde 1999 a 2008. Su construcción, junto a la inversión municipal en vivienda protegida, disparó su popularidad en el municipio con mayor crecimiento de la zona sur en los últimos años (125.300 habitantes). Se inauguró apenas cuatro semanas antes de las elecciones de 2007. En esos comicios, Gómez logró el 74,4% de los votos y 20 de los 25 concejales en liza

Porque ha llevado a la ruina al Ayuntamiento. Hoy, Parla le debe 180 millones de euros a la concesionaria (Tranvía de Parla, SA, participada en un 85% por Globalvía, que pertenece a la constructora FCC, y Caja Castilla-La Mancha), según la auditoría elaborada por Deloitte y adelantada por El País. El Consistorio acumula una deuda viva superior a los 360 millones de euros, de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda.

El coste de adjudicación del tranvía fue de 93,5 millones (108 sumando el IVA). La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Parla aprobó posteriormente sendos modificados al alza por un valor total de 41 millones de euros (36 millones más IVA). La Comisaría General de la Policía Judicial y la Fiscalía sospechan que esos aumentos fueron injustificados o que obedecieron a trabajos que después no se llevaron a cabo, por lo que han pedido procesar a Tomás Gómez, a su sucesor, José María Fraile, y a los concejales que dieron el visto bueno a la operación.

El montante total, incluidos los 122 millones de intereses que el municipio deberá pagar hasta 2037, asciende a 256 millones de euros. El pleno del Ayuntamiento de Parla aprobó en enero declarar ilegales 100 millones. La votación salió adelante con los votos del PP, IU y UPyD. El PSOE, que gobierna en minoría, no pudo oponerse. Además, un juez investiga el destino de otro gasto extra de 42 millones de euros, que elevaría el presupuesto total hasta 298 millones.

La investigación apunta a Tomás Gómez, que presidía la corporación local cuando se aprobó el primer modificado (aunque no estuvo presente en la reunión); José María Fraile, que ya era alcalde de Parla cuando se produjo el segundo incremento presupuestario; y Wilfredo Jurado, concejal de Urbanismo de Parla en ese momento y hoy abogado del Partido Socialista de Madrid. La mujer de este, Rosa Alcalá, es uno de los principales apoyos de Gómez en la ejecutiva regional.

Que la responsabilidad, en caso de existir, es del Consorcio Regional de Transportes, que actuaba como órgano de contratación y que dio el visto bueno a las obras y los modificados, como dice en sus informes. El gerente del organismo en esa época era José Manuel Pradillo. La cartera de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid pasó por cuatro manos: María Dolores de Cospedal, Elvira Rodríguez, Manuel Lamela y José Ignacio Echevarría. "Es imposible que me imputen por el tranvía de Parla", zanjó Gómez este miércoles.

Salvador Victoria, actual consejero de Presidencia y portavoz del ejecutivo de la Comunidad de Madrid, y Miguel Ángel López, portavoz del PP en Parla, presentaron en agosto de 2013 una denuncia contra Gómez, Fraile y sus concejales por prevaricación y malversación. El Tribunal Supremo archivó el procedimiento contra Gómez, entonces senador por Madrid, porque este no participó en la Junta de Gobierno que aprobó el primer modificado del presupuesto.