El Tribunal Constitucional anula el decreto-ley antidesahucios de la Junta de Andalucía

El Tribunal Constitucional ha anulado la Ley Antidesahucios andaluza, que estaba paralizada temporalmente tras el recurso del Gobierno central.

Así, el TC ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno contra la ley andaluza, que preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, y ha anulado los aspectos de esta norma que considera que invaden competencias exclusivas del Ejecutivo central.

El pleno del tribunal de garantías anula parcialmente, de este modo, el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda porque considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".

La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, entiende que el decreto-ley andaluz obstaculiza (con las expropiaciones) la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno.

En este sentido, el fallo explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad, proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito.

Cabe recordar que de forma posterior a este decreto, la Junta de Andalucía dictó una Ley de Vivienda que derogó en parte el decreto-ley. Dicha ley fue también recurrida ante el TC por el Gobierno y está pendiente de resolución por el pleno.

El TC ha aceptado las razones de la Junta para legislar a través de un decreto-ley, pero anula diversos puntos, al entender que restringen el derecho de propiedad. Así, anula parte del artículo 1.3, en cuanto que impone al propietario de una vivienda "el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico". Rechaza así que forme parte del "contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda".

El fallo cuenta con el voto particular de tres magistrados. Uno de ellos, Adela Asúa, discrepa de la sentencia porque "no se argumenta por qué la medida andaluza puede poner en riesgo el correcto funcionamiento del mercado hipotecario, ni en qué grado conlleva una desprotección o una reducción de la protección dispensada por el Estado a los colectivos desfavorecidos".

Asimismo, la magistrada expone que el que una comunidad autónoma, "en el ámbito de sus competencias", opte por su propia solución normativa" es una expresión del "principio constitucional de autonomía".

El TC ya había suspendido cautelarmente en julio de 2013 este decreto (símbolo del bipartito PSOE-IULV-CA).

Poco después la Administración regional aprobó la Ley Antidesahucios, que ampliaba el contenido del decreto. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), esta ley podría ayudar a 100.000 familias en la región.

El Gobierno central también recurrió la nueva norma ante el Constitucional, pero el Alto Tribunal aún no se ha pronunciado al respecto. No obstante, viendo su argumentación en el decreto, podría ser probable que actuase de igual manera con la ley.

Para la consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, no existe invasión de competencias estatales en el decreto-ley, por lo que que pide al Gobierno central que retire su recurso contra la Ley Antidesahucios.

Según Serrano, la normativa andaluza "no es incompatible" con la estatal, por lo que ha reclamado al presidente del Ejecutivo nacional, Mariano Rajoy, que "tenga un gesto con los andaluces que peor lo están pasando" y retire el recurso.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha expresado su respeto al fallo del TC, pero ha apuntando que las comunidades autónomas deben contar con mecanismos para ayudar a personas afectadas por los desahucios.

Mientras, el coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha considerado "lamentable" el fallo del Alto Tribunal, del que ha dicho que "está al servicio de la Troika", dada que su sentencia "desmantela el poder autonómico". Así, ha indicado que "no se puede anteponer una competencia transversal y genérica como es la economía, sobre una competencia concreta como la exclusiva en materia de vivienda".

El portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, ha apostado por una reforma constitucional. De esta manera, ha apuntado que si el decreto no cabe en ella, la Constitución "es el problema para miles de personas que veían en teste decreto una tabla de salvación".

El sindicato UGT-A ha defendido el decreto, aunque ha apuntado que "si hay que hacer algún ajuste para mantener la norma y salvarla de interpretaciones, que se haga"

Los desahucios ejecutados por los juzgados de la comunidad andaluza en 2014 ascendieron a 8.242 casos, es decir 1.228 más que un año antes, lo que se traduce en un 17,5% de incremento. Mientras, a nivel nacional la subida solo fue del 9,4%, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial.