La mayoría de los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley que reforma el Código Penal al estimar que la prisión permanente revisable que regula es una cadena perpetua encubierta que vulnera cuatro artículos de la Carta Magna.

El recurso contra dicha norma, que entrará este miércoles en vigor, ha sido firmado por los diputados Miguel Ángel Heredia (PSOE), Carles Campuzano (CDC), Antoni Picó (UDC), José Luis Centella (Izquierda Plural), Pedro Quevedo (Nueva Canarias), Aitor Esteban (PNV), Olaya Fernández (BNG), Joan Balldoví (Compromís) y Rafael Calduch (UPyD).

Los recurrentes alegan que la prisión permanente revisable vulnera cuatro artículos de la Constitución, en concreto el 15.1, que prohíbe penas inhumanas; el 17, que regula el principio de proporcionalidad; el 25.1, ya que no es una pena determinada sino que se prolonga en el tiempo incluso hasta la muerte del reo, y el 25.2, al restringir la posibilidad de reinserción.

El Gobierno, por su parte, ha defendido la "constitucionalidad y legalidad" de la prisión permanente revisable. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que el Gobierno "está deseando conocer y leer el contenido del recurso" para entender la postura precisa y completa de la oposición sobre esta figura que tacha de "cadena perpetua".

Al respecto, las fuentes insisten que la prisión permanente revisable está avalada tanto por los órganos consultivos del Estado como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha acreditado que es una "figura coherente con los tratados internacionales".

Por ello, rechazan las descalificaciones de inhumana o degradante que han vertido los grupos de la oposición contra esta nueva pena y recuerdan que no es mayor que las que contempla la legislación vigente.