La Fiscalía pide investigar a VW por estafa publicitaria, fraude en subvenciones y delito ambiental

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se investigue a Volkswagen al apreciar delitos de defraudación —en concreto estafa y publicidad engañosa—, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente y cree que este tribunal es el competente para examinar las querellas de Manos Limpias y la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen, entre otros.

En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, el fiscal explica que el trucaje de los motores diésel pudo afectar al territorio de más de una audiencia, lo que justifica la competencia de la Audiencia Nacional, y que las emisiones lanzadas por los vehículos trucados pueden "haber causado daños sustanciales a la calidad del aire".

El fiscal pide que el magistrado requiera al Grupo Volkswagen la relación de todos los vehículos afectados en España, que la compañía ya cifró 683.626, de los cuales 221.783 corresponden a Seat, así como los comunicados que ha enviado al respecto y el organigrama en España especificando el personal y las funciones de cada uno.

Además, quiere que el grupo, que deberá nombrar abogado y procurador y designar a un representante para que comparezca en su nombre, identifique a la empresa a la que se encargó el software manipulado. Asimismo, demanda un informe sobre la instalación de dicho programa informático y otro de las medidas adoptadas para subsanar el perjuicio ocasionado.

El fiscal indica que la manipulación de los propulsores parece consistir en la instalación de un programa informático que detecta el momento en el que el coche está en un banco de pruebas, con el fin de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los límites legales.  "La explicación a dicha manipulación radica en que para lograr un menor consumo de combustible es necesario obtener la mayor eficiencia energética del mismo, para lo cual se ha de someter a altas temperaturas; ello genera, sin embargo, la emisión de gases altamente contaminantes (óxido de nitrógeno)", añade.

El fiscal también solicita que el Ministerio de Industria aporte toda la información que haya reunido sobre el asunto, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental Estadounidense (EPA) y otras periciales, los informes que le haya aportado la compañía y el montante de las ayudas públicas que se hayan podido otorgar para la adquisición de los coches trucados. Por último, pide que el Ministerio de Medio Ambiente entregue los informes que haya podido realizar sobre los vehículos manipulados para determinar su grado de emisiones nocivas.

Soria aseguró el 26 de septiembre que pediría la devolución de 1.000 euros por vehículo fraudulento que hubiera disfrutado los requisitos del Plan PIVE, un programa de ayudas que valoran la eficiencia de los coches sobre CO2 (dióxido de carbono) para otorgar las ayudas a la adquisición de los vehículos. Cinco días después, Volkswagen alegaba que la manipulación no afectaba al CO2, solo a las partículas de NOx (óxido nitroso). Este mismo lunes, el ministro ha vuelto a insisitir en que ha pedido al grupo alemán que "técnicamente demuestre que el software no limitaba emisiones de CO2". Pero veinte días después, esta petición sigue sin respuesta.

En caso de que estos supuestos fueran ciertos, la fiscalía indica que el coche estaría emitiendo gases por encima de lo permitido, lo que lo habilitaría para circular y apunta que los motores de bajo consumo tienen subvenciones públicas para su fomento, por lo que "el engaño también podría haber supuesto un desembolso injustificado del erario público".

Fuentes de Industria confirman a 20minutos que desconocen cuántos de los 683.626 vehículos vendidos en España disfrutaron de esa ayuda y que esa cifra ya le ha sido solicitada al IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, un organismo adscrito al Ministerio que se encarga de gestionar estas ayudas. "No todos esos vehículos disfrutaron de la ayuda, hemos pedido la cifra pero no la tenemos de momento", afirman estas fuentes.

El Gobierno asegura que esperará al 31 de octubre, que es la fecha prevista para que Volkswagen detalle la solución técnica de los vehículos, para emitir una posición oficial al respecto de un problem que Soria considera "europeo" y no nacional.

"Han tardado un mes en darse cuenta de la gravedad de este escándalo", ha asegurado a 20minutos Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, la asociación que puso una querella el pasado 3 de octubre "en los mismos términos que expresa ahora el fiscal".

Según Manos Limpias, el retraso de la acción de la justicia en España frente a otros países como Francia, Alemania o Estados Unidos —donde se llevó a cabo una comisión en el Congreso en la que un congresista llegó a pedir cárcel para los responsables—, pone en evidencia que "hay muchos interereses económicos y políticos" alrededor de un escándalo que llegado a poner en el aire los 4.200 millones de inversión comprometidos por el consorcio en las plantas de Landaben y Martorell.

El ministro Soria ha recibido criticas por su gestión de la crisis de Volkswagen, especialmente por la lentitud en la toma de decisiones y las autocorrecciones en los que ha incurrido en estas cuatro semanas. La acusación de Manos Limpias ("pretenden no ensuciar la relación de Rajoy con Merkel") concuerda además con la de asociaciones de consumidores como Facua, que explicaba hace una semanas a este medio que la actuación de España era "de república bananera" y que estaba haciendo "el ridículo a nivel mundial".

Bernard asegura sentirse completamente optimista ante la decisión que tome el juez Moreno tras la petición de la Fiscalía. "Es un caso clarísimo, habra imputaciones porque es uno de los mayores escándalos que yo he podido ver en los últimos años".

El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, ha apoyado por su parte cualquier acción destinada a depurar responsabilidades y ha dicho que, si se demuestran los delitos, los responsables deberían "ir a la cárcel". "Estábamos construyendo algo que no era lo que se decía", dice Carnero.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado por su parte este mismo lunes que España reafirma su compromiso con las ayudas públicas a Volkswagen en lo que tiene que ver con proyectos que impulsan las fábricas que la multinacional tiene en el país.

"No hay que replanteárselas (las ayudas) sino todo lo contrario. Hay que reafirmarse en esas ayudas públicas a proyectos que incorporan innovación y que a lo largo de los últimos años han sido dirigidas a todas las factorías en España y que han dotado de una carga adicional a las plantas de España y no las de otros países de nuestro entorno donde también tienen fábricas", defendió en declaraciones a los medios de comunicación.

Para Soria "no es la primera vez que esas ayudas en forma de créditos blandos" se cristalizan y ha confirmado que "ya el Gobierno de Navarra se ha comprometido con la casa matriz a que esas inversiones en Pamplona las puedan dotar nuevamente" y también "desde el ministerio en relación no solo a la planta de Navarra sino también a la Martorell".