Los grupos de Junts pel Sí y la CUP han presentado hoy un anexo al punto ocho de su propuesta de declaración para iniciar el proceso hacia la independencia con la finalidad de "blindar" derechos básicos en materia de pobreza energética, vivienda, sanidad, educación, entre otros.

El anexo, que ha sido presentado en el registro del Parlament esta misma mañana, será votado conjuntamente con el resto del texto de la resolución que Junts pel Sí y la CUP pactaron la semana pasada.

La resolución amplía el punto que insta al futuro Govern a  la "desconexión" de Cataluña del Estado y por que las resoluciones aprobadas por las instituciones catalanas no quedarán supeditadas a las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

Entre los derechos fundamentales que quedan incluidos en el anexo figuran el de que los ciudadanos puedan disponer de medidas que garanticen el acceso a los suministros energéticos básicos (pobreza energética), pero también en materia de vivienda, sanidad, educación, libertades públicas, y administraciones locales.

El texto del anexo se refiere, asimismo, a cuestiones como garantizar los derechos a las personas refugiadas políticas procedentes de otros países, y también al aborto, un aspecto sobre el cual se remite al cumplimiento de que estipula la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Según ha indicado el presidente del grupo de JxSí, Jordi Turull, "hemos presentado un anexo que desarrolla el punto 8 de la propuesta de declaración que ya presentamos, para hacer frente a las decisiones del Estado que afecten a derechos de las personas".

"Expresamos el compromiso de blindar estos derechos y que el futuro Govern pueda realizar actuaciones a fin de que no se vean afectados", ha señalado, lo que va "desde la pobreza energética, a la asistencia sanitaria" universal, pasando por "el modelo educativo", entre otras cosas.

Según Turull, "este documento es la prueba evidente de que la independencia va de esto, de garantizar los derechos de las personas, de que la gente pueda vivir mejor, y puesto que esto lo compartimos, lo hemos suscrito".

Desde la CUP, el presidente de su grupo parlamentario, Antonio Baños, ha señalado que el lunes en el pleno del Parlament que será convocado para debatir la resolución se podrá "blindar" derechos fundamentales "que afectan a las personas" a fin de que "el Estado español no se dedique a torpedearlos".

"Cuando estamos hablando de cosas sustantivas, como es fundar una república, hemos llegado a un acuerdo para garantizar derechos básicos de la ciudadanía", ha apuntado.

En uno de los puntos del anexo se incluye un apartado que prevé una de las reivindicaciones básicas de la CUP, como es un plan de choque contra la pobreza, pero también la posibilidad de renegociar "con la banca residente" el pago de intereses de la deuda pública vinculada con créditos para "finalidades sociales".

El punto ocho de la declaración, que es uno de los que más polémica ha creado, puesto que en él se insta al futuro Govern "a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta cámara, legítima y democrática", permanece prácticamente igual al texto original, aunque una enmienda especifica se remite al anexo hoy presentado.