La empresa pública Acuamed acordó con FCC una "compensación indebida" de 40 millones de euros, pactada con "cargos de alto nivel del Ministerio" de Agricultura, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales de 2015.

Según explica el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, FCC y Abengoa debían pagar los desperfectos después de que se inundara la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), de la que habían sido previamente adjudicatarias, pero Acuamed pactó con FCC que el dinero que estaba obligada a desembolsar (40 millones) se lo compensaría luego con otros contratos.

Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros.

Velasco explica que varios funcionarios se opusieron a estas irregularidades, por lo que no se liquidó el contrato y la desaladora se quedó sin arreglar. Entonces, se previó cubrir esa "compensación indebida" en los presupuestos generales del Estado de 2015, y aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se "persistió" en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.

Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016 "a una compensación de 8 y 14 millones", asegura el juez en el apartado dedicado al contrato de la desaladora, uno de los seis que se investigan dentro de la causa contra Acuamed.

El magistrado recuerda que FCC y Abengoa debían, de hecho, haber pagado el 100% de los desperfectos, pero Acuamed accedió a abonar un 40% y que la UTE solo pagara el 60% (que son los 40 millones), cuando, insiste el juez, esos desperfectos no eran "responsabilidad de la Administración".

Tras tomar declaración a los detenidos, el juez ha acordado también el ingreso en prisión de otros tres directivos de Acuamed: su responsable de Contratación, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; y su delegado en Valencia, Pablo Martín. El quinto en ingresar en prisión ha sido Nicolás Steegmann, presidente de Altec, otra de las adjudicatarias.

Velasco también ha dictado fianzas para el presidente de Pipeline, Manuel Moreno; los trabajadores de FCC Santiago Farré y Miguel Roset, el delegado de Acuamed Javier Delgado López; el director de Proyectos de Altec, José Ramón González Fernández, y David José Blanca Montero. Todos ellos las han abonado.delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicosSe les imputan los delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación.

El juez achaca al director general de Acuamed haber "urdido" desde mediados de 2014 un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de 'presiones') para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades" para conceder contratos".

"A cambio, recibía "regalos en especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía...- a favor de diversos contratistas de obra pública".

En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea, en los que los empresarios, explica el auto, "presionaban" a los directivos de la empresa pública "para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades".

Los otros contratos investigados son la descontaminación del pantano de Flix -adjudicado a FCC-, la presa de Avenida Rambla Gallinera en Valencia -Sogeosa y Torrescámara-, la desaladora Marina de Torrevieja -Acciona-, conductos de la desaladora de Campello-Mutxamel, el Cerro Colorado de Murcia -Altec- y la presa de Antiavenidas del río Serpis -Altec/Altyum-.

Velasco añade que si los trabajadores de Acuamed se negaban a cometer esas irregularidades eran incluso destituidos, "siempre en la ecuación de favorecer a la empresa privada" y conscientes de que repercutía en contra del erario público. "Alguno (de los imputados) llega a decir -destaca en el auto de prisión- que el dinero público no es de nadie".