La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los 24 detenidos están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.

Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.

De las 24 personas detenidas hasta ahora por este caso, nueve están relacionadas directamente con la política -cargos o excargos del PP como el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus-. Entre ellos figuran también doce empresarios, dos arquitectos y un exempleado del Ayuntamiento de Valencia, actual asesor del PP.

En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado 'popular' Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.

El propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha pronunciado ya sobre este supuesto y, preguntado por si tomará medidas contra Barberá o Camps en caso de ser imputados, recalcaba que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están "absolutamente limpios".

"Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias", proclamó Rajoy, si bien reiteró que cualquier persona acusada será apartada del partido.

La macrooperación desplegada desde el pasado martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas -ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat- que se descubrió a raíz de la denuncia por el llamado 'caso Imelsa'.

Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.

Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado marzo, el juez inició diligencias por diversos delitos contra la administración pública -entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales-.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha anunciado este jueves que demandará por la vía civil a los condenados por corrupción y les pedirá una indemnización por los "daños y perjuicios" ocasionados a la imagen de la formación.

Varios asesores del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia se negaron a hacer las donaciones de mil euros que les pidió el partido durante la última campaña para las elecciones municipales y sus contratos no fueron renovados tras los comicios del pasado mes de mayo.

Esas donaciones supuestamente se les devolvía en billetes, según las investigaciones desarrolladas en el marco de la operación anticorrupción por supuesto amaño de contratos en el conocido como caso Imelsa.

Fuentes cercanas al grupo municipal popular han confirmado a EFE estas prácticas aunque la portavoz adjunta del PP en el consistorio, María Angel Ramón-Llin, ha calificado de "absolutamente normal" que se pidieran los mil euros para contribuir a la campaña.

No obstante, Ramón-Llin ha dicho que a ella no le devolvieron el dinero y que no le constaba que eso se hiciera.

Las mismas fuentes han admitido a EFE que durante la pasada campaña electoral, alguien en nombre de la secretaria del grupo, Carmen García Fuster, una de las detenidas en el marco de esta operación y actualmente en libertad con cargos pese a que el fiscal pidió para ella prisión provisional, les solicitó el dinero y les explicó que se les devolvería.

Sin embargo, algunos asesores de Alcaldía y Vicealcaldía no vieron clara esa práctica y se negaron.

Además, han señalado que una vez se negaron a realizar la contribución, no se lo volvieron a pedir.

Se da la circunstancia de que estos asesores no fueron renovados después de ser cesados tras las últimas elecciones y aunque las fuentes han señalado que puede haber alguien que realizara esos pagos y recibiera el dinero después que tampoco siga en el consistorio, "negarte no ayudaba" a seguir en el grupo municipal.