La Audiencia acuerda que la infanta continúe en el banquillo por el Caso Nóos

La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado mediante un auto que la Infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos.

El organismo considera que el delito contra Hacienda, del que está acusada la hermana del rey Felipe VI en el caso Nóos, es de naturaleza "difusa" y daña un bien colectivo, por lo que la Agencia Tributaria no es el "único perjudicado" y cabe una acusación popular.

Por ese motivo, en el auto dictado este viernes, el tribunal provincial ha decidido no aplicar la doctrina Botín y ha desestimado la cuestión previa planteada por la defensa de la infanta sobre la no legitimidad de Manos Limpias para acusarla en solitario en la primera jornada del juicio por corrupción, que empezó el pasado 11 de enero en la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma.

El tribunal detalla que, como no considera a Hacienda el único y concreto perjudicado por el fraude fiscal, la acusación por parte de la Abogacía del Estado "no colma" la protección del bien presuntamente dañado y en el delito de fraude fiscal lo que se lesiona es "el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos", algo que compromete la política económica y social que "debe ser garantizada en un Estado Social y democrático de Derecho".

A la hija de Juan Carlos I únicamente la acusa la acción popular que pide para ella ocho años de prisión como cooperadora necesaria en dos delitos presuntamente cometidos por Iñaki Urdangarín.

Asimismo, el tribunal ha desestimado la pretensión de la defensa de la infanta, que había solicitado que anulara parcialmente el auto de apertura de juicio oral y archivara el caso en lo que se refiere a la responsabilidad penal de doña Cristina, una tesis que también apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de Hacienda.

El abogado de la infanta Cristina, Jesús Silva, pidió a la Audiencia que rechazara la legitimación de Manos Limpias para acusarla en el juicio de Nóos, basándose en la doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y la jurisprudencia sentada por 7 decisiones de audiencias provinciales.

Aseguró que la acción popular no puede sostener la acusación en solitario, como ha fijado el Tribunal Supremo (en 2007 con la llamada doctrina Botín), ha confirmado el Constitucional y, posteriormente, han aplicado hasta en siete decisiones distintas audiencias provinciales desde 2009.

Según Silva, la acción popular protege bienes que poseen intereses difusos y se ejerce cuando no hay acusación particular ni posibilidad de que se persone, algo que no ocurre en el caso Nóos, donde la Abogacía del Estado protege a Hacienda como perjudicado.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, para quien no hay argumentos inculpatorios contra la infanta, también pidió al tribunal la aplicación de la doctrina Botín por falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar en solitario a doña Cristina y suplir al perjudicado que es Hacienda.

Para la abogada del Estado Dolores Ripoll tampoco cabe la acusación popular en delitos fiscales, porque el perjudicado es sólo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos, puesto que el lema "Hacienda somos todos" es meramente publicitario.

Una vez resueltas las cuestiones previas, el juicio del caso Nóos continuará el 9 de febrero, cuando se retomará la vista oral con la declaración de los acusados que seguirán en el banquillo, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis "Pepote" Ballester.

Las declaraciones de los testigos, alrededor de 370, están previstas entre el 8 de marzo y el 17 de mayo, según el organigrama inicial planteado por el tribunal.