El Síndic de Greuges denuncia la "inactividad" administrativa ante el 'top manta' en Cataluña

  • Ribó ha alertado sobre la necesidad de abordar este fenómeno cuyas víctimas son los "vendedores y manteros".
  • El síndic reclama una acción contundente para mejorar la actividad del 'top manta' de forma legal.
  • Pide que se les proporcione alojamiento, formación ocupacional y medidas de regularización administrativa.
Un mantero, en una imagen de archivo.
Un mantero, en una imagen de archivo.
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Un mantero, en una imagen de archivo.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha criticado este lunes con dureza la "inactividad" de las administraciones públicas en relación con la venda ambulante irregular en la calle, conocida popularmente como 'top manta', ha explicado la institución catalana este lunes en un comunicado.

Ribó ha apuntado la necesidad de abordar este fenómeno -ya que las principales víctimas son los "vendedores y manteros"- con una acción contundente que apueste por mejorar la actividad del 'top manta' de una manera legal.

Asimismo, Ribó ha mencionado algunos ejemplos para mejorar la precariedad de los manteros con "alojamiento, formación ocupacional y medidas que regularicen la situación administrativa".

Ribó ha apelado directamente a las administraciones públicas con competencias en los ámbitos de comercio, consumo, inmigración y servicios sociales, tributos y fuerzas de seguridad.

El Síndic ha organizado este lunes un encuentro con representantes de las entidades sociales y de los gremios de comerciantes, los miembros de diferentes asociaciones afectadas y algunos responsables de la Administración y de las entidades municipales.

Desde octubre

El Síndic ha explicado que la investigación empezó en octubre, y cuenta con el precedente de otra actuación abierta pocos meses antes de la muerte de un vendedor 'top manta' en Salou durante una operación policial.

"La actuación policial tiene que complementarse con un plan paralelo que garantice alternativas laborales o sociales para los vendedores afectados", ha explicado Ribó.

Ribó ha planteado "la necesidad de hacer campañas informativas y de sensibilización del consumidor sobre sus derechos y sus obligaciones, y también sobre las repercusiones negativas que supone adquirir productos falsificados".

El fenómeno tiene implicaciones desde un punto de vista penal, ya que la mayoría de productos han sido falsificados, además de que comporta una ocupación "irregular del espacio público, ya que no dispone de la licencia municipal necesaria", ha explicado Ribó.

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