El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, siguiendo el criterio solicitado por la Fiscalía, ha ordenado este lunes el ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza, de los máximos dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda.

A Bernad le imputa los delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, y a Pineda los mismos más estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones.

A las nueve y media de la noche de este lunes, han ingresado en la cárcel de Soto del Real.

Pedraz también ha tomado declaración a tres arrestados más, a los que ha dejado en libertad con comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. Se trata de tesorero de Ausbanc, Alfonso Gil Solé; el adjunto al presidente de Ausbanc, Ángel Garay Echeverría, y el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Castro Villacañas.

Con el envío a la cárcel de ambos gestores, el magistrado pone fin a una operación que comenzó el pasado viernes con la detención de más de una decena de personas y el registro de la sede de ambas asociaciones.

Desde ese momento, y tras prestar declaración, el resto de detenidos fueron puestos en libertad progresivamente, salvo Bernad y Pineda, que no han pasado a disposición judicial hasta este mismo lunes.

En las escasas declaraciones que han realizado ante los medios de comunicación, a su llegada y salida a los diferentes registros, ambos aseguraron estar tranquilos y "colaborando" con los agentes.

Tras conocerse la detención de los responsables de ambas asociaciones, uno de los primeros en admitir la extorsión fue el equipo de abogados que sostienen la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos.

Según sus letrados, Manos Limpias (la única que sostiene la acusación que ha sentado a la infanta en el banquillo), les pidió una importante cantidad, que algunas fuentes elevan a los tres millones de euros, por no llevarla a jucio.

También se vinculó al escándalo a Unicaja, que presuntamente pagó casi medio millón de euros para que retiraran la acusación de su presidente en el caso de los ERE andaluces, aunque después negó haber realizado "pago alguno".