Afectados por la hepatitis C ven "lagunas" y "contradicciones" en la declaración del Sergas

Dos altos cargos de la Sanidad gallega han declarado este jueves en calidad de investigados por un posible delito de prevaricación administrativa ante el juzgado de Santiago que investiga si hubo demora o se denegaron costosos tratamientos para combatir la hepatitis C.

La actuación de las autoridades gallegas ha sido respaldada de nuevo por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha dicho que "relacionar políticas económicas" de su gobierno con un supuesto retraso en la dispensación de "tratamientos contra la hepatitis C es una inmoralidad".

El ex director general de Asistencia Sanitaria del Sergas y ahora gerente del área de Vigo, Félix Rubial, y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González Criado-Mateo, habían sido citados para las diez de la mañana para declarar por un posible delito de prevaricación administrativa, pero llegaron casi una hora antes al juzgado, acompañados por un abogado de la Xunta, y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Fue la de este jueves una jornada que, según ha explicado el portavoz de la plataforma de afectados de hepatitis C de Galicia, Quique Costas, ha confiado en que "sirva para empezar a aclarar cómo se gestionaron las cosas" y "conocer la verdad". Costas ha explicado que desde la plataforma afrontan "este momento procesal con la lógica expectativa" de saber "qué quieren decir" los altos cargos acusados y "cómo fue la gestión que llevó a estos hechos" para "empezar a conocer la verdad".

Sin embargo, el letrado de la Xunta, Manuel Pillado, que ha asistido a los dos altos cargos del Sergas ha considerado que "hoy se ha acreditado el total, correcto, pleno y dirigente funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C". Para el abogado las declaraciones han sido fundamentales puesto que acreditaron el correcto funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C y "de los profesionales sanitarios que declaraban".

Ha asegurado así que en esta jornada "se han aclarado los protocolos de funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C" y que, además, "se ha aportado documentación al juzgado con pleno ánimo de colaboración con la administración de justicia".

Por su parte, también a la salida de los juzgados compostelanos, el abogado Arximiro Soliño, que representa a la plataforma de afectados de hepatitis C de Galicia, la cual ejerce la acusación popular en la investigación, ha advertido de que las declaraciones de ambos "dejaron muchas lagunas".

De este modo, ha reiterado que los dos cargos "están muy bien agarrados" pero, a su juicio, hay "algunas contradicciones y algunas lagunas" que habrá que evaluar. Asimismo, Soliño ha avanzado que los representantes de la Xunta han aportado "mucho material" que habrá que analizar, puesto que por el momento "indudablemente" sacar conclusiones "sería precipitado".

Por su parte, la representante del Ministerio Fiscal en el caso, Pilar Fernández, ha explicado que a la Fiscalía le "hubiera gustado investigar antes" la supuesta prevaricación administrativa, pero que no tuvieron "conocimiento de ello" hasta que llegó la denuncia impulsada por el colectivo Batas Blancas.

Fernández ha incidido así en que la investigación que se está llevando a cabo "se basa en los documentos remitidos, tanto del Sergas como de los documentos realizados por la policía judicial". La fiscal ha subrayado, de este modo, que la finalidad exclusiva de dicha investigación es constatar la "legalidad de los procedimientos" con el máximo "respeto a los servicios públicos de salud".

Preguntada por si se ha sentido presionada, directa o indirectamente, por las declaraciones de los dos altos cargos sanitarios que esta mañana, o por las declaraciones políticas de esta semana, Pilar Fernández lo ha negado de forma contundente, "en absoluto", ha contestado.

La actuación sanitaria ha sido defendida este jueves de nuevo por el presidente del Ejecutivo de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, donde ha asegurado que se siente "satisfecho con lo que hizo el Sergas y de invertir en dos años 130 millones de euros".