El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y su esposa Lourdes Cavero —quien fue consejera en Caja Madrid—, pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el "dinerillo B" de que disponían y que tenía "origen ilícito". Entre ellos, la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un productor de desinfección de agua junto con el exministro Eduardo Zaplana.

Así se señala en el auto que recoge los diferentes indicios que justifican la medida de prisión incondicional dictada la noche de este viernes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra González y otros implicados en la trama presuntamente corrupta desarticulada en la operación Lezo.

La expresión "dinerillo B" procede del contenido de una conversación intervenida el pasado 4 de octubre entre el expresidente de Inassa (filial del Canal de Isabel II) en Iberoamérica y otra de las implicadas igualmente en prisión, María Fernanda Richmond, en la que esta consideraba que el ritmo de vida del matrimonio no podía sostenerse con sus ingresos y daba a entender existían activos financieros opacos a disposición del expresidente madrileño.

Según el auto de prisión de González por la operación Lezo, en una de las llamadas pinchadas por la UCO González propone a Zaplana "montar una estructura financiera" opaca en el extranjero para "canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo" a través de un abogado uruguayo que se caracteriza por facilitar a sus clientes estructuras en países como como Holanda, EE UU o Uruguay.

"El hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot (el abogado) podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que, de acuerdo a la información tributaria, no están declarados".

Según el juez, González también adquirió junto con Zaplana el 50% de una sociedad relacionada con este mismo abogado que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua. "Las diligencias realizadas —dice el juez— han revelado los planes del expresidente de la Comunidad de Madrid para acometer esa inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión".

Así, usó siempre a su notario de confianza y recurrió a ciertas operativas de manera que "se desconoce la manera finalmente utilizada y el estado de la inversión" que supuestamente llevó a cabo con Zaplana.

En otro momento del auto, el juez también menciona a Zaplana cuando afirma que hay evidencias de que González planeó usar su influencia y la del exministro para tratar de favorecer los intereses de un empresario respecto a un litigio que mantenía con el Ministerio de Defensa "mediando una contraprestación económica".

Por su parte, el exministro Eduardo Zaplana ha negado haber tenido o tener "ninguna sociedad ni relación mercantil" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En una declaración a Efe, el exministro afirma: "Nunca he participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno".  "Desconozco el contenido del auto (por el que el juez Eloy Velasco mandó este viernes a prisión a González en el marco de la operación Lezo) en el que se me menciona y la interpretación o valoración que se esté efectuando respecto de conversaciones de terceros, pero rechazo las interpretaciones por falsas, que se está realizando sobre mi persona y cualquier relación con asunto de blanqueo", añade Zaplana.

Agrega el exministro que "nunca he tenido, ni tengo ninguna sociedad ni relación mercantil con don Ignacio González".