La Comisión de Ayuda al Refugiado urge a firmar un pacto de Estado por el derecho al asilo

Casi 70 millones de personas obligadas a dejar sus hogares a causa de guerras, hambrunas, persecuciones…  Más de 5.000 muertos en el Mediterráneo en 2016 y 1.700 en lo que va de 2017. Cerca de 72.000 personas atrapadas en los Balcanes. Estas son solo algunas de las dramáticas cifras que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recoge en su decimoquinto informe anual Las personas refugiadas en España y Europa, presentado este viernes y en el que urge a los partidos españoles a firmar un pacto de Estado sobre esta materia.

El documento recuerda que la Unión Europea se comprometió en 2015 a reubicar y reasentar a unas 183.000 personas antes del próximo 26 de septiembre, de las que solo ha acogido al 20%. España en concreto ha trasladado a 1.449 de un total de 17.337, con lo que el porcentaje se reduce al 7%.

CEAR explica que ese incumplimiento, así como la adopción de "políticas restrictivas en materia de asilo e inmigración", vienen motivados por el auge de partidos xenófobos en algunos de los Estados miembro. Entre las medidas más polémicas recuerda igualmente las restricciones fronterizas en Macedonia, Eslovenia, Croacia y Serbia y el acuerdo entre la UE y Turquía, ambas en vigor desde marzo del año pasado.

El pacto determinó que los migrantes que llegasen de forma irregular a las islas griegas desde territorio turco serían internados y, en caso de no tener derecho a protección internacional, devueltos a Turquía, un país que las ONG no consideran seguro. El estudio de sus solicitudes se haría por un procedimiento de urgencia que reducía los plazos de meses a días y que, según temieron desde el principio multitud de organizaciones, no iba a poder hacerse con todas la garantías.

Más de un año después, la realidad ha demostrado que los que no son devueltos permanecen bloqueados en campos de refugiados abarrotados o retenidos en centros de detención y CEAR reitera en su informe que el acuerdo vulnera gravemente el derecho al asilo. Asimismo critica que la Comisión Europea no esté evaluando el impacto que tiene en los derechos de las personas a las que afecta, pese a que la Defensora del Pueblo Europeo le ha instado a hacerlo.

"En el contexto actual de crisis del derecho de asilo y de los derechos humanos en Europa, España debe ser un ejemplo de respeto y garantía de estos derechos para el resto de los estados europeos", plantea la organización. "La garantía del derecho de asilo como derecho humano es una cuestión de Estado. Por ello debe ser objeto de un gran pacto efectivo que asegure que se mantengan los acuerdos que se adopten para garantizar el respeto de este derecho con independencia de los cambios políticos", agrega.

La propuesta presenta varios "elementos esenciales", entre los que se encuentra la contribución a "la construcción de un Sistema Europeo Común de Asilo que garantice de forma real y efectiva los derechos de las personas refugiadas". También se pide acabar con "las devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla", rechazar que la UE firme acuerdos con terceros países "que no respeten los derechos humanos y el derecho internacional y dejar sin efecto aquellos que estén en vigor e incumplan este requisito" o la apertura de vías legales y seguras para obtener la protección internacional.

CEAR también quiere que el pacto recoja el cumplimiento de los compromisos adquiridos sobre reubicación y reasentamiento y el desarrollo de un Plan Estratégico Integral de Acogida e Inclusión, con el objetivo de fomentar la coordinación entre las diferentes administraciones y la sociedad.

"La resolución en el plazo estipulado por la ley de todas las solicitudes de asilo con el fin de evitar demoras injustificadas y una discriminación en el trato de los expedientes en función de la nacionalidad" es otra de las reivindicaciones. El año pasado España volvió a batir el récord de peticiones de asilo al alcanzar las 15.755 solicitudes, y concedió esta protección a 6.855 personas, es decir, a un 43,5%.

El documento manifiesta que "uno de los asuntos que más desestabiliza el sistema de acogida y los procesos de inclusión de las personas refugiadas son los retrasos originados por el Ministerio del Interior, y en particular por la Oficina de Asilo y Refugio, con la gestión, estudio y resolución de expedientes de solicitantes de asilo". En enero, la cifra de solicitudes pendientes de resolución rozaba las 21.000. CEAR pide que se fortalezca el sistema de asilo y se establezcan nuevas formas de financiación.