Como se puede leer en Huelva Información , el magistrado, titular del juzgado de lo Penal número 1, aportó una extensa documentación integrada por más de 300 folios, y esgrimió en su defensa que en el año 2006 había 600 causas ejecutorias y que se superaba en más de un 50% los módulos de trabajo considerados como adecuados.
El instructor del expediente, Wenceslao Olea Godoy, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, también tomó declaración como testigos a seis funcionarios y a la secretaria Juana Gálvez, que también ha sido expedientada por el Ministerio de Justicia por los errores en la tramitación de la ejecutoria del pederasta.
Según, Alfonso Martínez Escribano y Francisco Baena Bocanegra, abogados de Tirado, éste destacó la "gran iniciativa" de los empleados en el funcionamiento del juzgado porque el magistrado no puede estar encima de todos los asuntos. El instructor interpeló a los funcionarios sobre
Uno de los errores que la inspección del CGPJ atribuyó al juez Tirado fue el requerimiento que el magistrado realizó a Santiago del Valle y a su mujer, que también fue condenada por consentir los abusos a su hija, para que ingresaran de forma voluntaria en prisión, un trámite que el inspector llegó a calificar en su informe como "dilatorio e innecesario". El magistrado respondió a la cuestión señalando que esta posibilidad, que constituía una práctica habitual en muchos juzgados penales hasta que estalló el escándalo.
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