La banda tenía su base de operaciones en un asentamiento ilegal de Cañada Real, en Madrid, desde donde se desplazaban para cometer los robos en las comunidades de Cataluña, Valencia, País Vasco, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Murcia y La Rioja.
Los cinco españoles detenidos eran propietarios de dos almacenes de "desguace y recuperación" situados en Madrid y Talavera de la Reina (Toledo) y adonde eran llevados los objetos robados.
El grupo, cuyo cabecilla se encuentra en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), actuaba, según Díaz-Cano, con una gran organización jerárquica y tomando precauciones para no ser descubiertos, ya que mientras un grupo cometía los robos, otro realizaba labores de vigilancia ante la posible presencia policial. Díaz-Cano ha estimado en un millón de euros el valor del cable de cobre robado.
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