El Gobierno va a ordenar a la Abogacía del Estado que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cajas de Esperanza Aguirre, que rebaja la representatividad de la corporaciones municipales en los órganos de Caja de Madrid y se reserva la decisión sobre la presidencia de la cuarta entidad financiera de España.

Según ha informado tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, la Ley de Cajas vulnera la norma básica estatal al "establecer fórmulas de ponderación en la representatividad de las corporaciones en la asamblea general contrario al criterio de proporcionalidad que establece la ley estatal de órganos rectores de cajas de ahorro".

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, criticó recientemente "los intereses partidistas, las ambiciones personales y las luchas fraticidas en el seno del propio PP, que están llevando a una gestión lamentable en la cuarta entidad financiera que es Caja Madrid".

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, se refirió a un informe del Consejo de Estado que "dice de forma tajante y casi textual" que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer dicho recurso, "y a partir de ahí es muy difícil no actuar".

Además, el ministro de Economía y Hacienda consideró "un poco chocante" que, una vez iniciado el proceso electoral en Caja Madrid, se hayan cambiado las normas, aunque esto se haya hecho correctamente por parte de la Comunidad de Madrid.

La batalla por el control de Caja Madrid

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad mantienen una batalla legal por el control de Caja Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha aprobado una nueva Ley de Cajas que, según la administración de Alberto Ruiz Gallardón, cambia el equilibro de poder en la entidad.

Esta semana también el presidente de la patronal de las cajas de ahorros calificó de 'esperpento' la situación que vive Caja Madrid y denunció el intervencionismo del gobierno regional en la entidad.

La CECA pidió el pasado enero al gobierno que garantice por Ley la independencia de las cajas en un momento en el que Caja Madrid sufre duros enfrentamientos por las competencias de los organismos regionales y autonómicos.

"Una injerencia y una provocación"

Por su parte, el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, calificó de "injerencia y provocación" la decisión del Gobierno de solicitar la suspensión cautelar de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.

Montoro asevera que con esa decisión el Ejecutivo demuestra su "falta de voluntad" de llegar a acuerdos con el PP en materias "tan básicas y delicadas" como hacer frente a la "crisis bancaria".

A juicio de Montoro, la actuación del Gobierno "raya en la provocación" en un asunto que, a juicio del PP, "no es prioritario en este momento y pueden resolver los tribunales ordinarios".

Para el diputado popular se trata de una nueva "cortina de humo" del Gobierno para ocultar a la sociedad española "los auténticos problemas que tiene delante".