Varios de los líderes independentistas condenados por el procés no podrían ser indultados de haber entrado en vigor la reforma de la ley de indultos que propuso el PSOE en 2016. Según ésta, no podrían disfrutar de la medida de gracia los condenados por corrupción, un delito que afecta a cuatro de los doce líderes independentistas encarcelados: Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a quienes además de delitos de sedición o desobediencia, se les condenó por malversación de fondos públicos.
Precisamente fue el hoy ministro de Justicia Juan Carlos Campo quien defendió ante la tribuna del Congreso de los Diputados su proposición de Ley de reforma de la ley de indultos. Entonces, el PSOE estaba en la oposición mientras gobernaba Mariano Rajoy y Campo era el portavoz de Justicia de los socialistas y el encargado de impulsar esta iniciativa.
En ella, proponía una nueva redacción del artículo 3 de forma que no se concediera "la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Tampoco procederá el indulto cuando la condena sea por delito relacionado con la violencia de género", reza la PL.
Además, exigía que para que hubiera indulto existiera "a juicio del Magistrado o Tribunal sentenciador, razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado". El informe del Tribunal Supremo contra los indultos a los presos del procès, destaca que los condenados no han contribuido a justificar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia y que no puede hacer constar en su informe “la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”.
La reforma, en el aire
La proposición de ley del PSOE fue registrada en septiembre de 2016 y todos los partidos aprobaron por unanimidad en el Congreso su toma en consideración en el año 2017, abierta a las enmiendas de los grupos parlamentarios. De hecho, el PP ya propuso entonces incluir a los condenados por delitos de rebelión y sedición entre casos que no podían ser indultados, mientras que Ciudadanos también pedía añadir los delitos de terrorismo y Podemos un enfoque integral, que no dejara fuera los delitos de prostitución, violación o trata y que incluyera la creación de un organismo independiente que explicara los motivos de los indultos.
Después múltiples prórrogas de los plazos parlamentarios, la posterior llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 tras la moción de censura a Rajoy dejó en el aire esta proposición de ley, y con el final de aquella legislatura y la disolución de las Cortes, decayó. La próxima semana, los populares llevarán al congreso su propia PL para reformar la ley de indultos, que data de 1870, y que se pueda incluir a los condenados por sedición y rebelión, aunque las mayorías actuales del parlamento tumbarán la propuesta popular solo unas semanas antes de que el Gobierno anuncie el indulto a los separatistas. Sin embargo, aprovecharán el debate para recordar la iniciativa socialista y reprochar al Gobierno su cambio de postura.
Ahora Campo defiende la "naturalidad" del indulto
Cinco años después de defender esa iniciativa, el ministro de Justicia se ha visto obligado a modificar su discurso sobre este asunto, llegando a defender la "naturalidad" de esta medida de gracia y "generosidad" para restañar las heridas sociales en Cataluña.
"La aplicación de la ley nunca humilla al que la aplica, porque el respeto al ordenamiento jurídico es lo que nos hace ciudadanos del Estado de Derecho", señalaba el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno ante una pregunta del PP sobre los indultos. Al contrario de lo que pedía en 2016, Campo recordaba esta semana que "la ley del indulto articula el mecanismo incluso con informes negativos del Ministerio Fiscal o del Tribunal sentenciador", un aspecto con el que él mismo estaba en contra en 2016.
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