Continúan los trámites para la construcción de ambas vías, cuyos proyectos están en fase de redacción, dijo la consejera de Transportes e Infraestructuras, Dolores de Cospedal, quien ofreció al Estado "articular medidas" para ejecutarlas conjuntamente e integrarlas en la red estatal de carreteras.
De Cospedal calificó de "abuso legal" el hecho de que el Gobierno trate de impedir que la Comunidad aborde estas obras y anunció que el Ejecutivo madrileño ha pedido al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que convoque la Comisión bilateral mixta Estado-Comunidad para analizar este asunto.
La Consejera aseguró que la Comunidad trata desde hace tiempo de ponerse de acuerdo con el Gobierno sobre la conveniencia de realizar estas obras y el vicepresidente primero regional, Ignacio González, anunció que está previsto que la presidenta Esperanza Aguirre, y la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, almuercen el próximo 1 de marzo para abordar este asunto "desde el punto de vista de la lealtad institucional".
Cospedal insistió en que la Comunidad ofrece al Estado colaborar en esta obra "siempre que no se paralicen ni se demoren los procedimientos ya iniciados por la Comunidad", y reiteró que el requerimiento del Gobierno central "no se ajusta a derecho".
Basó esta afirmación en que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía madrileño establecen que la Comunidad "tiene competencias exclusivas en la ejecución de carreteras que discurran íntegramente" por su término territorial, como sucede en los casos de la R1 y la M-50 y en que ninguna de ellas puede considerarse estatal, de acuerdo con el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
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