Iceta aclara la postura del Gobierno en el 'caso Negreira': "Cuando la Fiscalía formalice la acusación, podremos actuar"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, aseguró este martes que en el momento en que la Fiscalía acabe sus actuaciones y formalice en vía judicial la acusación sobre el caso Negreira el Gobierno decidirá si conviene personarse en el procedimiento.

"El problema nos preocupa porque perjudica al fútbol y al deporte español. Está siendo investigado por la Fiscalía, por lo que en el momento en que formalice la acusación en vía judicial podremos actuar, pero entenderán que no lo haga antes", explicó Iceta en el pleno del Senado.

Curiosamente, Iceta abordó el 'caso Negreira' el mismo día, prácticamente a la misma hora, que se hacía pública la intención de la Fiscalía de presentar finalmente en los juzgados una denuncia contra el FC Barcelona y el expresidente Josep María Bartomeu por los pagos realizados al ex vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. 

En ella, la Fiscalía acusa al club de los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad. Por lo tanto, en el momento en que dicha denuncia sea oficial, y tomando en cuenta las palabras de Iceta, el gobierno podrá actuar y personarse como acusación particular. 

"En este caso se ha producido una rara unanimidad entre la Federación Española de Fútbol, La Liga y el Consejo Superior de Deportes, que se puede resumir en que de confirmarse es grave, pero según la legislación deportiva estaría prescrito. Por eso, esperaremos a que la Fiscalía acabe sus actuaciones y a partir de ahí decidiremos si conviene personarnos en el procedimiento judicial", añadió el ministro, dejando en el aire la decisión que tomará el ejecutivo en el 'caso Negreira' cuando llegue a los juzgados.

Iceta destacó que desde que se conocieron los hechos la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha iniciado un requerimiento de información tanto a los responsables del Comité Técnico de Árbitros como al Barcelona, y repasó el contenido de la nueva Ley del Deporte, que "ha reforzado los mecanismos para luchar contra los fraudes las malas prácticas en el ámbito deportivo".

Entre las novedades de la ley, Iceta resaltó la obligación de las federaciones y ligas profesionales de adoptar un código de buen gobierno, para el establecimiento de una estructura transparente e íntegra, así como prevención de ilícitos, y la inclusión como infracción de máxima gravedad las actuaciones para determinar mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba o competición, afecte o no el resultado, y las que supongan un intento de alterar desarrollo normal de una competición.

"En este caso, más allá de las sanciones deportivas que habrían prescrito, los hechos investigados, de confirmarse, pueden ser objeto de sanción penal, ya que entran en los supuestos de corrupción, administración desleal o fraude en el deporte", señaló. El ministro insistió en "dejar actuar a la justicia". "Será entonces cuando podamos decidir personarnos en el procedimiento. Mientras tanto defendamos el buen nombre del deporte y los deportistas españoles", añadió.

En su pregunta, el senador Pablo Gómez pidió explicaciones a Iceta, tras conocerse que la Fiscalía presentará una denuncia contra el expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu y contra el propio club, como persona jurídica, por los pagos de casi siete millones de euros al exdirigente arbitral, y después de que la RFEF haya afirmado "que una persona del Gobierno conocía el caso Negreria pero no lo denunció".

"La Federación descarga responsabilidades sobre un exdiputado del PSOE, que trabajó para el Barcelona, recibiendo los supuestos informes de Negreira y que ustedes rescataron como director general del CSD (en alusión a Albert Soler). No es que yo pretenda no ser respetuoso con la presunción de inocencia, pero no se quién dice la verdad y usted como ministro sí tiene que saberlo. Estas son las explicaciones que le pedimos hoy", indicó Pablo Gómez.

El senador consideró que "a pesar de la gravedad de las informaciones y el impacto del caso, el Gobierno ha intentado evitar posicionarse al respecto más allá de una declaración grande". "La credibilidad del fútbol español es absolutamente incompatible con que un club pagara durante 17 años a una persona del comité por servicios que no ha podido justificar y que dejaron de producirse cuando dejó el comité", reprochó.