Sobre el gran asunto de la re-estatización de las pensiones en Argentina, que hoy comienzan a discutir los diputados, como inmigrante, quisiera agregar algunos apuntes que los medios aquí en España han olvidado contar, y que creo dejan ante los lectores una historia huérfana de contexto (lo contaré, si puedo, en dos capítulos porque esto me ha salido larguísimo).

Estos días, leyendo los periódicos que comparaban la posible estatización con el corralito de 2001-2002 me sorprendía extraordinariamente la comparación. Cuando escuché en las noticias que se avecinaba un conflicto de “la magnitud del corralito” llamé a mi casa desesperada porque ya me imaginaba a la gente reventando los bancos, corriendo a la Plaza de Mayo, y a Cristina Kirchner escapando en helicóptero de la Casa Rosada. Busqué en medios argentinos pero nada de esto ocurrió. Casi había más revuelo en España que en Argentina. Allí no hubo protestas por esto y la gente sigue su vida.

¿Por qué? Hablaré en primer lugar de los principales perjudicados de todo este conflicto: los jubilados argentinos. Y contaré una historia que conozco de dos personas, una a punto de jubilarse y otra recién jubilada.

En los años 90, cuando se hicieron las privatizaciones, durante el gobierno de Carlos S. Menem -marcado y recordado por la corrupción, entre otras cosas, en las privatizaciones-, daban la posibilidad de irse a lo privado y poner el dinero en alguna de las ahora internacionalmente famosas AFJP, o seguir en el sistema público.

En las empresas los jefes te metían por todos lados que había que salirse del sistema público, que no funcionaba, y casi te obligaban a elegir el privado. Pero había trampa en el discurso. Los vendedores del sistema privado ocultaban que si te pasabas a su sistema ya no podrías de ninguna manera volver al público. Tampoco explicaban que una parte de ese dinero se destinaría a jugar en bolsa y que las jubilaciones dependerían del riesgo que tomaran sus jugadores. Sólo te decían que no confíes en el Estado.

En lo público y en lo privado

La primera persona que conozco proviene de una “familia bien”, es una alto cargo de una multinacional estadounidense y está a punto de jubilarse. Siempre quiso asegurarse una jubilación acorde con la buena vida de su salario como gerente. La otra persona es un pobre comerciante de baja alcurnia, sin estudios, que siempre pagó el mínimo de jubilación y nunca se preocupó por su vejez. Porque ni siquiera se interesó en hacer ningún trámite, jamás se pasó a la jubilación privada. La gerente sí, y pagó dinerales mes a mes a la AFJP.

El comerciante, naturalmente, cobra el mínimo y no le alcanza para vivir. Lo curioso es que ella cobrará prácticamente lo mismo que él, porque las AFJP se jugaron una parte importante de su dinero en bolsa, y lo perdieron.

“Al principio, cuando entré a trabajar en la multinacional me dijeron que tenía que pasarme a una AFJP. Yo confié en la empresa y me pasé. Luego, cuando me di cuenta de lo que hacía la AFJP ya era tarde, y no podía volver al sistema público”, me explicaba la gerente por teléfono.

El año pasado Cristina Kirchner dio por primera vez la opción a los argentinos que quisieran de que se pasaran al sistema público. El abogado de la gerente le recomendó que se pasara, y lo hizo. Dejó de perder, pero ya había perdido mucho. “En mi caso, si re estatizaran, no ganaría lo que invertí pero subiría bastante más que si lo dejan en manos privadas”, explicaba.

Me decían el otro día que el 80% de los argentinos sigue estando en el sistema privado, a pesar de que pueden pasarse al sistema público. ¿Por qué? No lo sé. Quizá porque ya les da lo mismo, están cansados y piensan que perderán de una u otra manera. ¿Perderán las empresas españolas? Tampoco lo sé, pero sé que los pobres jubilados argentinos ya han perdido.

En el próximo capítulo hablaré del contexto en que las empresas entraron a Argentina, un contexto de una peligrosidad jurídica por lo menos tan peligrosa como la actual.