Denuncia contra las aerolíneas españolas que siguen sin aceptar el pago en metálico a bordo

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a ocho compañías aéreas españolas que siguen sin aceptar el pago en efectivo en sus vuelos tras haberse dirigido por escrito a las aerolíneas en octubre de 2022 para que respetaran la norma de aplicación, sin haber obtenido ni siquiera respuesta, según ha indicado en un comunicado.

Así, ha denunciado a Iberia, Iberia Express, Air Europa, Iberojet, Plus Ultra, Volotea, Wamos Air y World2fly ante las Direcciones Generales de Consumo de Cataluña, Baleares y Madrid, en relación con la obligatoriedad de pago con tarjeta de crédito que se viene exigiendo en los vuelos operados por las citadas compañías.

La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU) establece desde mayo de 2022 que negarse a aceptar el dinero en efectivo como medio de pago es una infracción que se puede sancionar con multas de 150 a 100.000 euros. Sin embargo, las líneas aéreas no están respetando esta medida.

Desde OCU consideran que no solo se ha modificado la norma para garantizar por ley el derecho de los consumidores a pagar en metálico, sino que ya no existen razones sanitarias ni de otra índole que justifiquen la limitación de uso del efectivo, en una situación en la que se genera una especial vulnerabilidad hacia el consumidor que no tiene más remedio que aceptar esa condición si quiere acceder a algún producto de alimentación durante su trayecto.

Mantener esa obligación de método de pago, acorde con la organización, supone no respetar el derecho de los consumidores a pagar como deseen sus consumiciones a bordo, además de actuar en contra de la normativa. Por ello, en octubre de 2022 solicitó a las mencionadas compañías aéreas españolas que procedieran a la remoción de esta medida de manera voluntaria, sin haber obtenido respuesta alguna.

Ante la inacción de las aerolíneas, OCU ha decidido tomar acciones legales y denunciar esta infracción a las autoridades de consumo correspondientes para que inicien un expediente sancionador y, en su caso, impongan las multas legalmente establecidas. La infracción puede ser considerada como grave e imponer por tanto la sanción máxima, si la administración competente considera que, dentro de la aeronave, las necesidades de los consumidores no se pueden cubrir de otra manera.