La AIReF asume que el IMV solo llegará a un cuarto de los hogares prometidos
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha asestado un recorte importante a la factura prevista para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2021. En su última actualización de previsiones macroeconómicas y fiscales, reduce nada menos que a la mitad el coste estimado para este ejercicio, hasta 1.500 millones de euros. La cifra, que también enmienda en un 50% a la baja las cuentas proyectadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, supone en la práctica que el organismo fiscalizador asume que la prestación solo llegará este año a una cuarta parte de los hogares inicialmente prometidos por el Gobierno.
La AIReF ha constatado que el número de beneficiarios de la prestación -en marcha desde mayo de 2020 para paliar los efectos de la pandemia sobre los colectivos más vulnerables- está siendo "muy inferior al número de beneficiarios potenciales que se habían estimado". En efecto, según los últimos datos facilitados por la Seguridad Social, la ayuda había llegado en marzo a 203.000 hogares, frente a los 850.000 prometidos por Escrivá. El propio ministro ha admitido recientemente que esa cifra no se alcanzaría "ni de lejos", pero lo que viene a decir ahora la Autoridad Fiscal es que, al menos durante este año, el colectivo de beneficiarios se estancará en ese entorno de los 200.000, una cuarta parte de los potenciales.
Esto es así porque, con ese nivel de beneficiarios, la Seguridad Social se ha gastado hasta marzo 377 millones de euros. De modo que, para que el coste anual se sitúe en esos 1.500 millones que calcula la AIReF, la cifra de perceptores debería mantenerse prácticamente intacta hasta finales de año. Si bien es cierto que esta estimación podría quedarse corta, porque las nóminas se van incrementando -aunque sea moderadamente- cada mes, y prueba de ello es que mientras el gasto alcanzó los 225 millones hasta febrero (enero incluido) solo en el mes de marzo el desembolso fue de 152 millones, una cantidad que, de mantenerse o elevarse, ya auparía la factura total anual por encima de los 1.800 millones de euros.
Aunque aún es pronto para saber cómo evolucionarán los beneficiarios, la realidad es que el avance es lento. Por ejemplo, desde diciembre, cuando la ayuda llegaba a 160.000 familias, apenas se han sumado unos 40.000 hogares, un incremento modesto si se tiene en cuenta que la Seguridad Social está recibiendo del orden de 12.000 solicitudes semanales. En cualquier caso, el ministro Escrivá, que ha admitido el lento progreso de esta medida -no sin críticas de la oposición y dentro del propio Gobierno- siempre ha asegurado que la prestación está en continua evaluación y ajuste, de ahí que ya se hayan aprobado un puñado de modificaciones en los requisitos para ampliar su cobertura, y además no se descartan mejoras en la tramitación parlamentaria.
En torno a la mitad de las solicitudes recibidas están siendo rechazadas por no cumplir los requisitos, esencialmente de renta. Es decir, que la Seguridad Social está denegando una de cada dos peticiones porque los solicitantes superan el nivel de ingresos fijado en la normativa, que debe ser inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia (desde los 470 euros al mes para el caso de un hogar formado por un adulto, hasta los 1.033 euros al mes para familias con varios miembros). El ministro aseguró que se iba a revisar este requisito, para permitir que la ayuda llegue a más hogares en situación de necesidad económica, pero este hito todavía no se ha producido.
Sí se han hecho no obstante, otros cambios para mejorar la prestación y hacerla más accesible. Los últimos, en el Consejo de Ministros del pasado 2 de febrero, cuando se modificaron los requisitos para facilitar la percepción de la ayuda a los hogares compuestos por varias familias que comparten un mismo domicilio y también a las personas sin hogar o aquellas que residen en varios lugares de manera itinerante, aceptando la posibilidad de que los servicios sociales y algunas ONG puedan acreditar el cumplimiento de algunos requisitos. En paralelo, el Ministerio continúa analizando la casuística de situaciones que se han generado en la tramitación y pretende mejorar la norma en la medida de las posibilidades que ofrece la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Los socios del Gobierno de Unidas Podemos han manifestado públicamente -y se quejan en privado de manera frecuente- que los cambios aprobados hasta ahora por Escrivá son insuficientes. El Grupo Parlamentario ha presentado una docena de enmiendas al proyecto de ley del IMV para "mejorar y solventar las deficiencias" de la prestación. Desde la formación defienden que el del IMV es un proyecto de ley de "enorme importancia" por ser "la última red de seguridad para las personas más vulnerables", pero consideran que un Gobierno progresista no se puede permitir que esta prestación "funcione mal" y "no llegue a todas las familias a las que tiene que llegar". Tras meses de reclamaciones, la formación morada ha optado por acudir al Congreso.